Como en la reunión que Pedro Sánchez y Joaquim Torra celebraron en diciembre en Barcelona no hubo relator, ignoro en qué momento de esa cita el presidente catalán le entregó al jefe del Ejecutivo su lista de 21 exigencias para solucionar «el conflicto entre España y Cataluña». No sé si el regalito fue recibido a modo de despedida junto a una botella de ratafía o si ese documento infame le fue mostrado y leído en plena entrevista. Pero en ambos casos el jefe del Gobierno debió salir de Pedralbes diciendo que con semejantes planteamientos no hay nada que hablar con un iluminado como Torra, en lugar de ocultar ese papel de la vergüenza y mostrar su optimismo por el resultado de la reunión.
Esa lista del oprobio es la mejor demostración de que el Gobierno se equivoca al dar al separatismo la oportunidad de seguir imponiendo internacionalmente su discurso falaz no ya sobre Cataluña, sino sobre España, al aceptar la figura de un mediador. Resulta absolutamente inaceptable que Torra diga que «es imprescindible poner fin a la limitación de derechos fundamentales» sin que nadie le conteste de inmediato. O, peor aún, que en el documento se diga que «el retroceso de la calidad democrática de España se tiene que revertir», que «hay que frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo» y «asegurar el respeto a los derechos humanos». Se trata de afirmaciones de enorme gravedad que cuestionan que España sea una democracia y que el Gobierno no puede pasar por alto sin dar una respuesta contundente, ni limitándose a afirmar que ese panfleto indigno no le vincula.
La lista de Torra alcanza por otro lado una vertiente casi cómica cuando dice que «hay que impulsar un compromiso por la ética política» o que se tiene que «garantizar la separación de poderes». Que alguien que tacha a los españoles de «bestias con forma humana» y que pide al Gobierno que paralice el juicio contra los acusados de rebelión exija ética y separación de poderes indica su grado de cinismo, pero también su absoluta indigencia moral y democrática.
El mero hecho de que el PSOE se siente a dialogar en una mesa de partidos sobre cualquiera de esos puntos, incluido el de «reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña», es un despropósito inútil. Pero que el Ejecutivo acceda a que esa negociación la supervise un mediador es una humillación sin precedentes de un Gobierno de España y una afrenta al Estado, que aparece como una república bananera bajo sospecha. Y todo, con un notario de por medio para dar fe.
Sánchez empieza a rebasar todos los límites en su intento de aprobar sus Presupuestos para mantenerse en el poder. Algo que, además de resultar probablemente un fracaso, fractura y causa un daño enorme a su propio partido. Y, lo que es peor, a la democracia española. Pero parece que el apoyo del independentismo es ya el único tablón al que se aferra Sánchez para no ahogarse. Más que el debate sobre el relator, lo suyo empieza a ser el relato de un náufrago.