El debate territorial, factor decisivo a las puertas de varios comicios, impulsa a la derecha y socava a la izquierda
30 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La crisis de Cataluña va a inundar los debates electorales que se avecinan en el 2019, y que no serán pocos. Las municipales, autonómicas y europeas se celebrarán el 26 de mayo; las generales es probable que se convoquen en otoño; y no hay que descartar nuevos comicios en Cataluña. La confrontación por la política territorial divide y desmoviliza a la izquierda, muy segmentada ante este debate, pero une y moviliza a la derecha, siempre cohesionada en defensa de la unidad nacional. Las últimas convocatorias electorales, en Cataluña y Andalucía, han demostrado que en la dialéctica territorial las posiciones extremas rentabilizan sus posturas mientras que las tesis conciliadoras son penalizadas. El independentismo y Ciudadanos fueron los triunfadores de los comicios catalanes del 21 de diciembre del 2017 con discursos maximalistas que aplastaron las posturas intermedias de socialistas y comunes. Los liberales, PP y Vox protagonizaron con un lenguaje aguerrido un histórico cambio en Andalucía el 2 de diciembre pasado en detrimento de PSOE y Adelante Andalucía. Ante los desafíos territoriales, el electorado de la izquierda se fractura entre fieles irredentos y disconformes con la estrategia. Un problema que no tienen las formaciones conservadoras, cuyo ejército electoral no entiende de matices, crece y se moviliza como un solo hombre ante el riesgo, cierto o exagerado, de la disgregación nacional.
Los estudios demoscópicos demuestran que se ha agrandado la brecha ante el modelo territorial entre la derecha y la izquierda. Entre el 51 y el 55 % de los votantes de PP y C’s quieren una España sin autonomías o con menos competencias, según el CIS. En cambio, entre el 59 y 63 % de los votantes socialistas y de Podemos defienden el modelo territorial como está configurado o con más autonomía para las comunidades. Por resumir, la derecha demanda centralización y la izquierda, descentralización.
Estas posturas ante una crisis como la de Cataluña emergen con toda su crudeza. Los expertos en sociología electoral coincidían en que las políticas de la derecha con José María Aznar y Mariano Rajoy eran una fábrica de independentistas. Ese mismo consenso se ha dado la vuelta en los últimos años, y los soberanistas se han convertido en una fábrica de conservadores jacobinos.
La derecha, como se ha comprobado en Andalucía, está cómoda en ese debate y remonta posiciones. Aunque no está representada por un solo partido, como lo fue el monolítico PP de Aznar y el de los primeros años de Rajoy, ahora está fraccionada en tres. Pero los populares, Ciudadanos y Vox abarcan ahora el mismo espacio electoral que el que ocupaba por sí solo el PP en sus mejores años. La suma de esas tres formaciones tiene al alcance la mayoría absoluta en el Congreso y así lo constatan las últimas encuestas.
Diferencias socialistas
Entre los elementos cohesionadores de la derecha sobresale su oposición frontal hacia la postura dialogante del Gobierno socialista con los independentistas catalanes. Un común denominador que no existe en la izquierda. Los socialistas no cierran filas con la estrategia de Pedro Sánchez, y algunos barones, como la andaluza Susana Díaz, el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, airean sin rubor las diferencias. En el universo socialista cohabitan estas posiciones con las ideas federalizantes del catalán Miquel Iceta o de la balear Francina Armengol. Agua y aceite. Unas discrepancias que se capilarizan en su electorado y encuentran su mejor cauce de expresión en la abstención. El PSOE perdió en Andalucía 400.000 votos que, en su mayoría, se quedaron en casa, y en menor medida se trasvasaron a otros partidos «más firmes» en la defensa de la unidad de España y la mano dura con los secesionistas. Lo mismo se puede decir con Unidos Podemos, que vio evaporarse 300.000 sufragios, aunque en su caso intervienen además otros factores.
Un dirigente socialista bromeaba con ribetes tremendistas con que durante la Guerra Civil los líderes republicanos lanzaban soflamas con la tesis de que Madrid iba a ser la tumba del fascismo. Pues bien, ahora, decía este diputado, Cataluña puede convertirse en la tumba política del socialismo y la rampa de lanzamiento de fuerzas como Vox, tan atractivo hoy entre la derecha como lo fue Podemos entre la izquierda hace cuatro años. Un escenario que puede envenenarse más con el juicio a los líderes del desafío secesionista que comenzará en enero y que, a buen seguro, exacerbará los ánimos de todos a las puertas de la triple jornada electoral del 26 de mayo.
El Gobierno socialista se ha dado de bruces con que su agenda social, la gran baza política de Sánchez, no cala, o al menos no como quisiera, entre la ciudadanía. El lastre de no poder contar con unos Presupuestos expansivos en el gasto social por la oposición de PP y Ciudadanos a elevar el techo de déficit ha sido un serio revés para sus planes y acortará la legislatura, como ha reconocido el propio presidente del Gobierno, aunque otras veces se enroca en su empeño de agotarla en el 2020. El incremento del salario mínimo, la subida del sueldo de los funcionarios, la escueta mejora de las pensiones, el aumento de las partidas para financiar la dependencia o las becas no son suficientes para trasladar el debate del ámbito territorial al ideológico, un campo de juego en el que el antagonismo entre izquierda y derecha suele favorecer a la primera.
La mayoría de la moción
El tiempo corre a favor del conservadurismo porque el debate en Cataluña, lejos de enfriarse, sube de temperatura a medida que caen las hojas del calendario. El escenario poselectoral, además, tampoco es favorable para una izquierda abocada a pactar con los secesionistas si las urnas no lo remedian, y no parece que vaya a ser así. La alianza de la moción de censura sirvió para echar a Rajoy, pero es ineficaz para sustentar al Gobierno. Solo con agitar el fantasma de su reedición, PP, Ciudadanos y Vox ganan adeptos y, al mismo tiempo, ahuyentan a los votos menos comprometidos de la izquierda.
En el PSOE, y sobre todo Pedro Sánchez, confían en que azuzar el miedo a la extrema derecha y apelar a la movilización sean resortes suficientes para anular el impacto del debate territorial. Pero no las tienen todas consigo. «Aquí solo se va a hablar de Cataluña y se nos va a acusar de tener una postura genuflexa», pronostica un expresidente autonómico socialista. «Nuestras expectativas mejorarían si rompemos el frente de la derecha y atraemos a Ciudadanos hacia el centro para poder pactar», acota otro diputado del PSOE, aunque sin mucha fe en su receta.
«¿Elecciones? Cualquier domingo después de 54 días»
P. heras
El presidente del Gobierno lo ha dicho por activa y por pasiva desde que en junio llegó a la Moncloa gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy: su deseo es agotar la legislatura, es decir, llegar al 2020. En la Moncloa, sin embargo, ya hay quien admite que conviene no confundir deseo con realidad. «¿Elecciones? -vaticinaba medio en broma medio en serio uno de los más próximos colaboradores del jefe del Ejecutivo- Contando 54 días, cualquier domingo a partir de aquí». En función de lo que ocurra con las cuentas, los socialistas manejan los siguientes escenarios:
Elecciones en marzo. Cada vez son menos probables. Contando con esos 54 días que, según la ley electoral, deben transcurrir entre la convocatoria y la celebración efectiva de las elecciones, Sánchez tendría que firmar el decreto de disolución de las Cortes, como tope, el 5 de febrero. Aún no se sabe qué día de enero pretende el Gobierno remitir los Presupuestos a la Cámara y eso lo condiciona todo. Además, no es en absoluto descartable que los independentistas permitan tramitar el proyecto aunque luego no le den su voto favorable, y eso permitiría al Ejecutivo ganar un mes.
Superdomingo el 26 de mayo. Por poder, Sánchez también podría llamar a las urnas en el mes de abril. No hay ninguna restricción legal que lo impida, pero en los partidos prácticamente lo descartan porque implicaría celebrar dos campañas electorales en poco más de un mes. Esa es la razón por la que, pasado marzo, todas las miradas estarían puestas en el 26 de mayo, la fecha en la que también se celebran las europeas, las municipales y, en trece comunidades, comicios autonómicos. Esta opción, sin embargo, tiene muchos detractores. En algunos casos, el recelo se debe a una cuestión de principios; cada tipo de elección tiene sus propios condicionantes y unas generales se impondrían sobre las demás. Los barones del PSOE no son partidarios de esta coincidencia, pero tampoco quieren elecciones en marzo.
Otoño electoral. El jefe del Ejecutivo ha lanzado mensajes contradictorios sobre qué hará si no logra aprobar los Presupuestos. En unas ocasiones, ha afirmado que seguirá gobernando con las cuentas prorrogadas del PP y que modificará cuestiones cruciales mediante decretos ley. Más recientemente, en cambio, admitió que ese varapalo acortaría la legislatura. Para muchos socialistas, ambas afirmaciones conducen, en cualquier caso, a unos comicios en octubre. Esperar a después del verano daría a Sánchez margen para modificar y endurecer la estrategia que ha mantenido con el secesionismo, del que ya no sería tan dependiente.
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