Un hito histórico, la coincidencia de dos reyes en el Congreso, sirve para conmemorar hoy el 40.º aniversario de la Carta Magna, acosada desde el independentismo catalán y la ultraderecha
06 dic 2018 . Actualizado a las 09:07 h.La Constitución cumple hoy 40 años en uno de los momentos políticos más convulsos desde su aprobación, asaeteada por el desafío secesionista que no cesa y amenazada ahora por el ascenso de la ultraderecha de Vox, cuyas propuestas programáticas suponen una enmienda a la totalidad de las previsiones constitucionales. Pero la tensión política no será óbice para que las Cortes celebren hoy la efeméride con un acontecimiento histórico: la reunión, por primera vez en más de un siglo, de dos reyes bajo el mismo techo. El antecedente ocurrió el 17 de mayo de 1902, cuando Alfonso XIII juró la Constitución ante su madre, la reina regente María Cristina. Hoy coincidirán Felipe VI y Juan Carlos I, junto a la princesa Leonor, y se subsanará así el error de la celebración del 40.º aniversario de las primeras elecciones democráticas, en junio del año pasado, a la que no fue invitado el rey emérito, el único ausente de los protagonistas de aquel hito histórico de la Transición celebrado en el Congreso.
En el homenaje a la Constitución en el Congreso, además de los reyes, estarán presentes los cuatro expresidentes de Gobierno, los padres de la Constitución que siguen vivos (Alfonso Guerra, Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca), los responsables de las principales instituciones del Estado y los líderes de los partidos mayoritarios: Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, además del socialista Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno aprovechó ayer para plantear nuevamente la reforma de la Constitución, que consideró «el mejor homenaje» que se le puede hacer. En un acto en la Moncloa con medio centenar de jóvenes de toda España, Sánchez destacó el valor que la Carta Magna ha tenido para el progreso de España, pero señaló que, tras cuatro décadas de vigencia, se ha convertido en una necesidad introducir algunos cambios para adaptarla a las exigencias del siglo XXI.
La propuesta del jefe del Ejecutivo es en realidad un brindis al sol, porque en la práctica hasta la más nimia de las reformas carece del consenso necesario para salir adelante en un momento de especial crispación política y con unas elecciones generales en un horizonte no muy lejano. Es más, el debate sobre la modificación de la Constitución puede suponer, en la situación actual, la apertura de la caja de Pandora, ya que hay al menos tres frentes desde los cuales se pretende abrir en canal la Carta Magna: de una parte, los independentistas catalanes, que plantean la autodeterminación y la secesión de Cataluña; de otra, Podemos, que cuestiona la jefatura del Estado y amenaza con reclamar un referendo sobre la monarquía en cuanto se lleve al Parlamento cualquier reforma constitucional, como la planteada por el Gobierno para limitar los aforamientos; y finalmente la irrupción de Vox, que ha puesto sobre la mesa una enmienda a la totalidad de la organización territorial del Estado y la distribución de competencias. De hecho, Casado asume y está dispuesto a negociar algunas de ellas, como la recentralización de la sanidad y la educación.
Si el aniversario de la Constitución del año pasado estuvo condicionado por el desafío secesionista, el de hoy está marcado por la efervescencia de la ultraderecha con su estruendosa entrada en el Parlamento andaluz. La amenaza de que se extienda por el resto de España como una mancha de aceite y el varapalo socialista en los comicios andaluces del domingo han venido a generar más incertidumbre y confusión sobre el calendario electoral inmediato. De entrada, Pedro Sánchez ha rectificado su estrategia política y ha decidido finalmente presentar en enero el proyecto de Presupuestos. Su intención es agitar el fantasma de la expansión de Vox para forzar a los independentistas catalanes a darle su apoyo, lo que le permitiría agotar la legislatura y, con ello, sacar adelante algunas de sus medidas estrella que le lleven a encarar las elecciones generales con mejores expectativas.
El lendakari, Iñigo Urkullu, que ha ejercido en más de una ocasión de mediador entre el Gobierno y los independentistas, ya ha advertido a estos que «difícilmente la situación va a ser más favorable para sus intereses que ahora». Pero, al menos por el momento, los secesionistas se hacen los sordos. «No ha cambiado nada», advirtió ayer el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Pere Aragonès, quien reiteró las condiciones de su partido para hablar de los Presupuestos: que el Gobierno haga alguna propuesta razonable en relación con un referendo de autodeterminación y la situación de los presos. Menos contundente fue la respuesta desde el PDECat. «Si hay propuesta, y entendemos que no está cerrada, podemos negociar», dijo Ferrán Bel. Pero no se movió más de su posición inicial de rechazo.
Cambio de «disminuido» por «discapacitado»
La Comisión del Congreso para las políticas integrales de la discapacidad enviaron ayer una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el texto alternativo al artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra «disminuido» y sustituirla por «personas con discapacidad». Esta modificación fue encargada por el Gobierno.