Casado dice que empiezan a darse ya las condiciones objetivas para aplicar el 155

No concretó las señales que harían precisa una nueva intervención de la autonomía de Cataluña. Pero Pablo Casado defendió ayer ante la junta directiva del PP en Barcelona que «comienzan a darse objetivamente las circunstancias» para volver aplicar el artículo 155 de la Constitución. Esta vez, sin embargo, en su entorno defienden que, llegado el momento, harán valer su mayoría absoluta en el Senado para que el control de la Administración catalana se prolongue en el tiempo y alcance a la televisión pública, TV3, y a las competencias en materia educativa.

El planteamiento no solo marca distancia con la apuesta del Gobierno por una estrategia de distensión con Cataluña. Casado también se emancipa de la gestión de Mariano Rajoy frente al desafío secesionista. Ya en la campaña de las primarias del PP, el actual presidente del partido reconoció que el 155, tal y como él lo entendía, debió «haberse aplicado antes» y tachó de «fracaso» la operación diálogo encomendada en su día a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Dos meses después, sigue rechazando que la estrategia de la Moncloa sea ir un paso por detrás del independentismo.

En todo caso, el PP no tiene en sus manos activar el procedimiento para la intervención de la autonomía. Pulsar esa tecla es algo que corresponde al Ejecutivo. Y, de momento, el Gobierno del PSOE mantiene que, como su antecesor, la utilizará solo en caso de que el independentismo pase de las palabras a los hechos. La propuesta, sin embargo, les sirve a los populares para construir un discurso que los ayude a reconectar con su electorado en Cataluña y evite que el PP quede desdibujado. Casado intenta, de hecho, dotar a su partido de una nueva capacidad de liderazgo en esta materia y presenta a su organización como la única con fuerza suficiente para frenar a los independentistas: «No quiero seguir hablando de ellos ni con ellos, quiero que los ganemos y quiero que pierdan, que se haga realidad la Cataluña que a nosotros nos gusta, y en la que ellos tendrán su sitio y sus derechos, y que retroceda la que a ellos les gusta, en la que no tenemos ni sitio ni derechos». 

Traición

En este escenario, también pidió a los suyos plantar cara al Gobierno, al que advirtió que dar «facilidades» a los secesionistas es una «traición» a los demócratas. «No debemos hacer frente solo a un proyecto de fractura en España, porque también tenemos que hacer frente a un proyecto de disolución de España. El primero lo patrocina el nacionalismo. El segundo, la izquierda radical, con el PSOE liderándolo», cargó contra los socialistas.

Casi equiparó la reivindicación de ruptura del independentismo con la oferta de reformas estatutarias, legales o incluso de la Carta Magna que defiende el Gobierno para buscar un mejor encaje de Cataluña en España. Una «mutación constitucional encubierta», lo definió. Sobre esta última vía, rechazó de plano todo lo que sea recuperar los artículos del Estatuto de Autonomía que el Tribunal Constitucional anuló en el 2010 y descartó articular una relación «confederal o bilateral» con la Generalitat: «No nos vamos a quedar mirando cómo el PSOE complica más el problema».

Pero no solo al Gobierno fueron dirigidos los mensajes de Casado. El presidente del PP ha encontrado en la retirada de lazos amarillos en la calles una forma de diferenciarse de Ciudadanos. Tras comprobar el efecto de la imagen de Albert Rivera e Inés Arrimadas quitando simbología secesionista en municipios catalanes, los populares aseguran no ser partidarios de alimentar la confrontación en las calles. No hubo referencias explícitas a Ciudadanos en el discurso, pero el líder del PP reivindicó la confianza en que sean las instituciones las que tutelen los derechos de todos y reclamó que nadie «haga justicia por sí mismo». «Esta enseñanza nos la han legado las víctimas del terrorismo y debemos hacer uso de ella ahora en Cataluña. No habríamos ganado nada irrumpiendo en una herriko taberna para enfrentarnos a quienes aplaudían a los asesinos», dijo comparando las dos situaciones. La llamada a no «abrazar el enfrentamiento directo» se produjo, además, en vísperas de los actos de la Diada.

Feijoo, Sáenz de Santamaría y una decena de barones faltaron a la reunión de la junta directiva

La de ayer fue la primera junta directiva nacional con Pablo Casado al frente del PP y hasta once barones faltaron a la cita en Barcelona. No estuvieron, entre otros, dirigentes de peso como Alberto Núñez Feijoo o Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León. Casi todos justificaron su ausencia por las festividades en sus territorios. Fuentes del partido trasladaron que también Soraya Sáenz de Santamaría se excusó el día anterior. La vicepresidenta ya no acudió el jueves a la reunión del grupo parlamentario en el Congreso y está pendiente de una conversación con el líder de los populares para resolver su futuro, que podría estar fuera de la actividad política.

Además de Feijoo y de Herrera, tampoco acudieron a la cita la todavía presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal; la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig; y los presidentes regionales del PP vasco, canario, extremeño, aragonés, cántabro y asturiano, como tampoco el presidente del Gobierno de Murcia.

En la reunión de ayer, la junta directiva nacional ratificó la incorporación de dos nuevos secretarios de área: Ana Camins como secretaria de familia, dentro de la vicesecretaría de política social que dirige Cuca Gamarra; y Mario Garcés, como secretario de programas, dentro de la vicesecretaría de estudios y programas que dirige Andrea Levy. También fue ratificado el nombramiento de los vocales del comité de derechos y garantías y del comité electoral nacional. A este último se le presenta un otoño muy ajetreado, ya que la intención de Pablo Casado es que los primeros puestos de todas las candidaturas para las elecciones de mayo estén resueltos en el próximo trimestre.

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