Urdangarin tiene hasta el lunes para ir a prisión

La Audiencia de Palma permite al marido de la infanta viajar a Suiza para despedirse de su familia, antes de ingresar en la cárcel tras casi diez años de investigación del caso Nóos


palma de mallorca / colpisa

Dicen los que lo vieron que fue un trámite frío, casi «gélido». Burocracia pura. Una simple firma ante un funcionario de la oficina de ejecutorias. No hubo pompa. Tampoco hubo testigos más allá de ocho empleados del Ministerio de Justicia tecleando en sus ordenadores. Iñaki Urdangarin, el yerno de don Juan Carlos y el cuñado de Felipe VI, estuvo menos de trece minutos en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

En ese tiempo no se cruzó con ninguna de las tres jueces que lo juzgaron en la Sección Primera. No hacía falta. Las tres magistradas, lideradas por la que fue la presidenta del tribunal del caso Nóos, Samantha Romero, ya habían pactado el martes que no habría ningún guiño al marido de Cristina de Borbón. Que las formas eran importantes y que iba a ser tratado como cualquier otro preso con sentencia firme. Daba igual que fuera un exmiembro de la Familia Real o un trapicheador de las calles de Mallorca. Sin ceremonias: en el documento que se le entregó, de una sola hoja, bastaba con fijarle el plazo de entrada en cualquier prisión de su elección bajo apercibimiento de que de si no se presenta a las puertas de una de las 70 cárceles españolas, se dictará orden de búsqueda y captura contra él. «Un simple trámite», en palabras de una de las personas que vio al preso más célebre estampar su rúbrica en el documento en el que se comprometía a ponerse a la sombra.

En ese papel, con el que Urdangarin salió este miércoles a las 12.26 horas de la Audiencia Provincia en la mano, se fijaba el plazo para que el hombre que desató la mayor crisis en la historia reciente de la monarquía española entre en prisión: cinco días naturales. El plazo límite -aclaró acto seguido el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por si quedaba alguna duda interpretativa- expira el próximo lunes.

Sin apreciar riesgo de fuga

Dicen, una vez más, los que vieron al marido de Cristina de Borbón recoger ese documento, que dirigió inmediatamente su mirada a su abogado, Mario Pascual Vives, para que le interpretara el puñado de párrafos. Y, sobre todo, para que su letrado le aclara la única duda real que le quedaba: ¿Podía coger el vuelo que salía tres horas después desde el aeropuerto palmesano con destino Ginebra? Pascual Vives no quiso responderle hasta que pudo leer el papel. La respuesta, ya casi a las puertas del tribunal, fue afirmativa. La Audiencia Provincial de Palma, a pesar de no querer hacer ningún guiño, se lo volvía a hacer, y no retiraba el pasaporte a un condenado en sentencia firme a cinco años y diez meses por los delitos de malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

Las magistradas del caso Nóos, las mismas que en febrero del pasado año le permitieron seguir residiendo en Suiza, fuera de la Unión Europea, tras la primera sentencia a seis años y tres meses, siguieron sin apreciar ayer riesgo de fuga. Urdangarin, explicaron fuentes cercanas al tribunal, no ha faltado ni a una sola de sus citas con la Justicia. Ni durante la instrucción del sumario ni durante el juicio ni tras la sentencia en primera instancia. El cuñado de Felipe VI, recordaron estas mismas fuentes, durante la década que ha durado este proceso siempre ha estado localizable. En el último año y medio, tras la sentencia de la Audiencia Provincial, ha acudido religiosamente a firmar en el consulado de la ciudad suiza. Así las cosas, Urdangarin aprovechó sus últimos días en libertad para volver a ver a los suyos con la bendición de la Audiencia Provincial. A media tarde, estaba en Ginebra para reunirse con su esposa y con sus cuatro hijos, Juan Valentín, de casi 19 años; Pablo Nicolás, de 17; Miguel, de 16; e Irene, que acaba de hacer los 13.

Torres, igual

La Audiencia Provincial de Palma no quería hacer distingos entre Urdangarin y los otros dos únicos procesados por el caso Nóos que deben entrar en prisión, el socio en el instituto, Diego Torres, y el expresidente del Gobierno balear, el popular Jaume Matas.

Torres llegó mucho antes que Urdangarin. Casi no habían abierto las puertas del tribunal cuando el ex profesor de Esade se apresuró a recoger el papel que le mandaba a la cárcel. Torres valoro con su abogado, Manuel González-Peeters, hasta el último momento ahorrarse el trámite e ingresar sin más dilación en una cárcel. Pero al final, voló desde Barcelona a Palma de Mallorca para que le comunicaran que debe pasar una buena temporada entre rejas. Eso sí, después de que el Supremo le redujera de ocho años y medio de prisión a cinco años y ocho meses la pena de cárcel al resultar absuelto de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad. González-Peeteres, a pesar de la condena de su cliente, no podía ocultar ayer su satisfacción por haber librado a Torres de las más de dos décadas de cárcel que, en primer instancia, pidió la Fiscalía para su cliente.

Jaume Matas, por su parte, mucho más ducho en estas lides judiciales, se ahorró acudir a la Audiencia Provincial y se presentó en la cárcel madrileña de Aranjuez para empezar a cumplir la condena de tres años y ocho meses de cárcel por haber abierto de par en par la administración balear a Urdangarin y sus negocios sin necesidad de pasar por concursos públicos o libre concurrencia.

Interior se reserva la posibilidad de elegir el penal por motivos de seguridad

M. S. P.

Los contactos -eso sí, «informales»- ya han comenzado. De hecho, empezaron ya hace algunas semanas con la anterior administración Penitenciaria que dirigía Ángel Yuste, ante la posibilidad cierta de que el Supremo confirmara la pena de prisión para Iñaki Urdangarin. Instituciones Penitenciarias quería -y quiere- «pactar» con el marido de Cristina de Borbón la cárcel en la que empiece a cumplir la condena.

El Ministerio del Interior (tanto con el actual Gobierno como con el anterior) ya ha hecho saber al entorno del exduque de Palma que le puede provocar «un lío» operativo si decide ingresar en un macrocentro, en el que no haya posibilidad de mantenerle bajo supervisión continua.

La patata caliente le va a tocar al hasta ahora director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Luis Ortiz, desde ayer secretario general de Instituciones Penitenciarias. En Interior nadie niega el derecho de Urdangarin a elegir la cárcel que más le convenga por arraigo familiar. Pero hay limitaciones.

Condiciones

El recién llegado equipo de Fernando Grande-Marlaska recuerda que prisiones tiene la última palabra sobre el destino final de un recluso y que la «elección del preso» es solo uno de los factores a tener en cuenta para su ubicación. El problema, según explican responsables de Instituciones Penitenciarias, es que el ingreso de Urdangarin en un centro en el que no haya módulos especiales (como los denominados «de respeto») podría obligar a la dirección del centro a modificar el reparto de «decenas, quizás de cientos de internos» para garantizar la seguridad de Urdangarin y su privacidad.

Interior ya ha insinuado al entorno del exduque que debería elegir una prisión pequeña, como la de Zaballa en Vitoria o la de Mahón en Menorca. Los penales de Badajoz (conflictivo), Ávila o Segovia, también han entrado en las quinielas.

La infanta Cristina tiene intención de mantener su residencia en Suiza

maría e. alonso

En Ginebra, los hijos de la pareja gozan de la intimidad y protección de la que carecieron en su última etapa en Barcelona

Las alarmas saltaron en julio del 2013. La imagen de Juan Valentín, el hijo mayor de los entonces duques de Palma, llorando desconsolado mientras se dirigía, en el asiento trasero de un coche, al aeropuerto tras pasar unos días en Marivent con sus abuelos y primos, abrió los ojos a la Casa Real. También a la infanta Cristina, hasta entonces más preocupada de sostener el ánimo de Iñaki Urdangarin que de sus hijos.

Aquella escena cambió muchas cosas. La hija de don Juan Carlos dejó de ser esposa para centrarse en el papel de madre. Y desde Zarzuela se lanzó un mensaje claro y alto: nada de fotografiar a los niños Urdangarin-Borbón si en el encuadre no aparece un adulto de la Familia Real. En el verano del 2013 el caso Nóos estaba en todo su esplendor. Raro era el día en que no se filtraba un correo electrónico a la prensa o se descubría un nuevo escándalo que minaba la moral de Urdangarin al tiempo que la infanta se protegía tras una coraza infranqueable. Desde la Casa Real se le había pedido por activa y pasiva que rompiera su matrimonio. Ella se encastilló, incluso cuando descubrió, por una de esas filtraciones, que su marido le pudo haber sido infiel. Nada. Ella era quien sostenía a la familia.

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