La infanta Cristina tiene intención de mantener su residencia en Suiza

En Ginebra, los hijos de la pareja gozan de la intimidad y protección de la que carecieron en su última etapa en Barcelona

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madrid / colpisa

Las alarmas saltaron en julio del 2013. La imagen de Juan Valentín, el hijo mayor de los entonces duques de Palma, llorando desconsolado mientras se dirigía, en el asiento trasero de un coche, al aeropuerto tras pasar unos días en Marivent con sus abuelos y primos, abrió los ojos a la Casa Real. También a la infanta Cristina, hasta entonces más preocupada de sostener el ánimo de Iñaki Urdangarin que de sus hijos.

Aquella escena cambió muchas cosas. La hija de don Juan Carlos dejó de ser esposa para centrarse en el papel de madre. Y desde Zarzuela se lanzó un mensaje claro y alto: nada de fotografiar a los niños Urdangarin-Borbón si en el encuadre no aparece un adulto de la Familia Real. En el verano del 2013 el caso Nóos estaba en todo su esplendor. Raro era el día en que no se filtraba un correo electrónico a la prensa o se descubría un nuevo escándalo que minaba la moral de Urdangarin al tiempo que la infanta se protegía tras una coraza infranqueable. Desde la Casa Real se le había pedido por activa y pasiva que rompiera su matrimonio. Ella se encastilló, incluso cuando descubrió, por una de esas filtraciones, que su marido le pudo haber sido infiel. Nada. Ella era quien sostenía a la familia.

Pero aquella imagen, ver a Juan Valentín destrozado, la hundió. Así que, solución, la familia al completo dejó el palacete de Pedralbes, al que habían vuelto desde Washington para preparar la defensa de Urdangarin, y se mudó a Ginebra. Allí, en Suiza, en un apartamento de doce dormitorios, sin servicio doméstico interno, solo una asistenta que va por horas; con tres escoltas del Ministerio del Interior -que aún hoy mantiene, pese al relevo en la Corona-, la familia encontró la paz. También un sustento de vida. La Fundación Agá-Khan creó un trabajo hecho a la medida de doña Cristina, por el que, se dice, percibe más de 350.000 euros anuales. Los niños, por fin, podían ir al colegio sin ser señalados por la calle.

Sin título ni familia

El escándalo Nóos cogió a Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene siendo unos niños. Difícil explicar por qué, de la noche a la mañana, su vida de rosas se había convertido en un camino de espinas. Una vez en Suiza la familia empezó a recomponerse. Urdangarin mataba el tiempo haciendo deporte y cocinando. Los niños volvían a sonreír. La infanta, no. Apartada de la Familia Real, más tarde despojada del título de duquesa, doña Cristina se vino abajo. No lograba entender por qué le estaba pasando aquello, nunca llegó a asimilar, ni ahora, la realidad. Absuelta por los tribunales, se prepara para cumplir la pena de verse en el medio del foco mediático cuando visite a su marido en la cárcel.

Desde que la Audiencia de Palma condenó a Urdangarin, no ha dejado de especularse con la posibilidad de que doña Cristina y sus hijos dejen Ginebra y se instalen en Lisboa (si Urdangarin elige prisión extremeña) o Madrid (si se decide por Ávila). Pero, y más después de la lluvia de descalificaciones que recibió el exduque de Palma tras recibir el mandamiento de prisión, cobra fuerza la versión de que la infanta continúe en Suiza. Allí, pese a todo, sus hijos gozan de la intimidad y protección de que carecieron en su última etapa en Barcelona. Y allí está su trabajo, también su nuevo, y reducido, círculo de amistades. Juan Valentín, ya mayor de edad, acaba de regresar de Camboya como voluntario; Pablo Nicolás cursa en EE. UU. el último curso previo a la universidad y los dos pequeños, Miguel e Irene, estudian en un exclusivo colegio que paga don Juan Carlos.

Urdangarin tiene hasta el lunes para ir a prisión

Melchor saiz-pardo
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La Audiencia de Palma permite al marido de la infanta viajar a Suiza para despedirse de su familia, antes de ingresar en la cárcel tras casi diez años de investigación del caso Nóos

Dicen los que lo vieron que fue un trámite frío, casi «gélido». Burocracia pura. Una simple firma ante un funcionario de la oficina de ejecutorias. No hubo pompa. Tampoco hubo testigos más allá de ocho empleados del Ministerio de Justicia tecleando en sus ordenadores. Iñaki Urdangarin, el yerno de don Juan Carlos y el cuñado de Felipe VI, estuvo menos de trece minutos en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

En ese tiempo no se cruzó con ninguna de las tres jueces que lo juzgaron en la Sección Primera. No hacía falta. Las tres magistradas, lideradas por la que fue la presidenta del tribunal del caso Nóos, Samantha Romero, ya habían pactado el martes que no habría ningún guiño al marido de Cristina de Borbón. Que las formas eran importantes y que iba a ser tratado como cualquier otro preso con sentencia firme. Daba igual que fuera un exmiembro de la Familia Real o un trapicheador de las calles de Mallorca. Sin ceremonias: en el documento que se le entregó, de una sola hoja, bastaba con fijarle el plazo de entrada en cualquier prisión de su elección bajo apercibimiento de que de si no se presenta a las puertas de una de las 70 cárceles españolas, se dictará orden de búsqueda y captura contra él. «Un simple trámite», en palabras de una de las personas que vio al preso más célebre estampar su rúbrica en el documento en el que se comprometía a ponerse a la sombra.

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