Los 15 días que acabaron con el «procés»

La vía judicial ha sido más efectiva en dos semanas para reconducir el desafío secesionista que cinco años de debate político

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Madrid / La Voz

Después de cinco años en los que el llamado proceso independentista avanzó a cámara lenta, generando conflicto y problemas de convivencia en Cataluña, pero sin producir cambios reales en el marco político e institucional, los acontecimientos se han sucedido a tal velocidad en los últimos días que a veces falta tiempo para mirar atrás con serenidad y comprobar la dimensión de su fracaso.

Hace poco más de dos semanas, el independentismo gobernaba cómodamente en Cataluña y disponía de mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, tenía en su mano la economía, el boletín oficial, el mando de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de convocar unas nuevas elecciones de las que probablemente habría salido reforzado. Pero en 15 días, los que han transcurrido desde el golpe de mano de Rajoy disolviendo el Parlamento catalán y llamando a las urnas de inmediato, la Justicia y la torpeza política de Carles Puigdemont han hecho que el independentismo se encuentre dividido como nunca; despojado de todo su poder en Cataluña; obligado a acatar unas elecciones estrictamente autonómicas; con la que fue el máximo símbolo de la desobediencia civil abrazando la Constitución y renegando de la república catalana; con el exvicepresidente de la Generalitat y siete exconsejeros a punto de hacer lo mismo para salir de prisión y con el expresidente huido de la Justicia, desprestigiado internacionalmente y cada vez con menos apoyos en Cataluña. El independentismo no ha desaparecido -ni desaparecerá nunca, probablemente, ni tiene por qué hacerlo-, pero el procés está muerto.

Frente a quienes aseguraban que la vía judicial era inútil para enfrentarse a la desobediencia secesionista a la Constitución porque se trataba de un conflicto de naturaleza política, la Justicia ha conseguido en quince días lo que no se logró en cinco años de enmarañado y estéril debate político: liquidar la vía de la unilateralidad y volver a situar al independentismo como una aspiración legítima, pero que a partir de ahora tendrá que defenderse por vías legales y democráticas.

Pero si algo ha mostrado todo este proceso han sido las lagunas y ambigüedades de la Constitución, incluida la confusa redacción del artículo 155, que algunos han tratado de aprovechar para reinterpretar a su gusto y en beneficio propio. Y por eso resulta extraño que, cuando el golpe independentista ha sido abortado y el problema está en vías de encauzarse, todos parezcan estar de acuerdo en la necesidad de reformar la Constitución para que los independentistas que han perpetrado el mayor ataque al Estado de derecho desde la transición se encuentren mas «cómodos» en España, pero nadie esté interesado en introducir cambios en esa misma Constitución que la blinden de manera más firme frente a quienes se alcen contra ella para imponer sus ideas por la fuerza.

El Estado de derecho se ha impuesto a quienes lo han desafiado de manera antidemocrática. La aplicación de la Justicia se ha mostrado efectiva para frenar a los que vulneran la Constitución. Y, por eso, cambiar ahora las normas de juego solo servirá para dar a alas a quienes ya han sido democráticamente derrotados.

El bloque secesionista se dirige hacia la atomización

Aseguran los que mejor conocen la realidad catalana que los episodios de desunión entre los independentistas que se están viviendo desde que Carles Puigdemont dio la espantada y se fugó a Bruselas son solo el principio del verdadero sálvese quien pueda que se avecina en las filas secesionistas. Tanto la coalición Junts pel Sí como la alianza con los antisistema de la CUP fueron un matrimonio de conveniencia entre partidos muy distintos. Pero, una vez que se ha demostrado que esa vía conduce a un callejón sin salida, no solo volverá cada uno a su sitio, sino que dentro de cada una de las tres fuerzas se van a producir divisiones que tenderán a la atomización del secesionismo. Al tiempo.

Junqueras tendrá que acatar el 155 para salir de prisión

Por más que el independentismo pretenda buscar contradicciones entre la actuación de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, lo cierto es que el auto por el que este último decretó la prisión eludible con fianza de Carme Forcadell es un golpe tanto o más duro contra los exconsejeros encarcelados como el que les asestó Lamela. Si Junqueras y sus compañeros tenían esperanzas de que la presión de la calle los sacaría de prisión antes del 21 de diciembre, tras el auto de Llarena ya saben que solo saldrán si se comprometen a acatar la Constitución y renuncian a la independencia unilateral. Algo que los lastraría gravemente de cara al 21-D.

Colau rompe un pacto con el PSC que era incomprensible

La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de romper a pocos días de las elecciones del 21 de diciembre el pacto que mantenía en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal con el PSC es solo una muestra más del calculado y oportunista juego político que mantienen ella y su aliado Pablo Iglesias con la intención de sacar rédito político de la crisis independentista. Lo que resulta menos comprensible es el lamento de los socialistas catalanes ante esta nueva humillación, porque lo cierto es que lo que resultaba incomprensible y contradictorio es que el PSC siguiera dando apoyo a un partido y a una alcaldesa que llevan tiempo demostrando que trabajan a favor de los que quieren liquidar la Constitución.

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