El juez valora que la presidenta y los miembros del Parlamento catalán acusados aceptaron el 155 y la legalidad para fijar fianzas de 150.000 y 25.000 euros con las que pueden eludir la prisión
10 nov 2017 . Actualizado a las 10:35 h.La comparecencia de Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán ha abierto grietas, judiciales y políticas. En contraste con la prisión sin fianza dictada por la jueza Carmen Lamela para Oriol Junqueras y los exconsejeros catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha abierto la puerta a que los querellados a los que ayer interrogó por los mismos delitos eviten la cárcel si depositan una fianza cuya cuantía varía según los casos. Pero no es el único quiebro. Antes, Forcadell, que tiene además sobre sus espaldas cuatro querellas por desobediencia al Tribunal Constitucional, desanduvo el camino de los últimos meses y se desvinculó de la vía unilateral hacia la independencia.
Al igual que Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos aprovecharon su última palabra en la vistilla en la que se examinaron las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para marcar distancias sobre los hechos que los llevaron ante el juez. El sexto acusado, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, mostró documentos que demostraban que había votado en contra de la declaración de independencia.
De los seis que comparecieron a primera hora de la mañana en el Tribunal Supremo, Carme Forcadell fue la única que ingresó anoche en prisión, la de Alcalá Meco. Pero podrá abandonarla en cuanto deposite una fianza de 150.000 euros. Corominas, Guinó y Simó tienen un plazo de una semana para abonar una fianza de 50.000 euros, con lo que eludirían el ingreso en prisión. El mismo plazo otorgó el juez a Ramona Barrufet para hacer un pago de 25.000 euros. A Nuet lo dejó en libertad sin fianza, como había solicitado el fiscal, quien en cambio había reclamado prisión incondicional para el resto de acusados, salvo para Barrufet, para quien había pedido una fianza de 50.000 euros, el doble de la que finalmente le impuso el juez.
Además de las fianzas, Llarena les impuso medidas cautelares adicionales. Así, tendrán prohibición de salir del territorio español, se les retirará el pasaporte y deberán comparecer semanalmente en el juzgado. Y les advierte de que esas medidas serían endurecidas en el caso de que incumplieran su compromiso de respeto a la legalidad y retornaran a la actividad delictiva.
El criterio más benigno del juez Llarena en comparación con la jueza Carmen Lamela obedece en buena medida a un cambio en la estrategia judicial de los querellados. Así, mientras quienes comparecieron la semana pasada ante la jueza de la Audiencia Nacional se negaron entonces a responder a otras preguntas que no fueran las de sus respectivas defensas, quienes declararon ayer respondieron a todas las partes. Y, sobre todo, acataron expresamente las medidas aprobadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución y señalaron que la declaración de independencia solo tenía un valor simbólico.
Aceptación de la legalidad
Un cambio que el juez Llarena valora especialmente en su auto. «Todos los querellados -dice-, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». Con este argumento, el juez considera que no hay riesgo de reiteración delictiva, que es una de las causas para decretar la prisión condicional. Otra razón es el riesgo de fuga, que el juez Llarena considera inexistente porque todos los querellados se han presentado cada vez que han sido citados por la autoridad judicial. Y así como la jueza Lamela aludía a la huida de Puigdemont para apreciar riesgo de fuga de los exconsejeros que envió a prisión, el juez Llarena utiliza el criterio contrario al apreciar la comparecencia en el juzgado de los acusados «en manifiesto contraste con otros encausados en este proceso que se encuentran actualmente fugados».
Para justificar el trato más gravoso a Forcadell, el juez argumenta que la presidenta del Parlamento catalán ha tenido una «actuación principal» en el proceso independentista por el «liderazgo» que ha ejercido en «cada una» de las fases del mismo, lo cual «aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional» que no puede atribuirse al resto de imputados.
El juez Llarena entra también en uno de los hechos relevantes de la causa, la de si existe la violencia que justifique la atribución del delito de rebelión. En una argumentación similar a la que ya hizo Lamela, señala que para que haya violencia no es «exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes». Considera que «el alzamiento es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización publica y patente de estarse dispuesto a su utilización».
Puigdemont avanza a contracorriente
Carles Puigdemont no tira la toalla, aunque avanza a contracorriente y amenaza la estrategia de defensa de sus correligionarios acusados, como él, de rebelión, sedición y malversación. Si su fuga ya fue utilizado por la jueza para justificar la prisión sin fianza para Junqueras y demás exmiembros del Gobierno catalán, ayer insistió en presentarse como el único Ejecutivo legítimo de Cataluña y anunciaba en una carta abierta la creación de estructuras para gobernar desde el exilio. Y lo hacía mientras Carme Forcadell y miembros de la Mesa del Parlamento catalán declaraban ante el Supremo y se desdecían en su desafío al aceptar el 155 y dejar la declaración de independencia en un mero acto simbólico.