El juez concluye la investigación y relata el entramado societario liderado por Pineda para extorsionar a empresas y entidades privadas con el fin de conseguir convenios publicitarios para su asociación de usuarios bancarios. Para ello, dice el auto, empleaba Manos Limpias en procedimientos judiciales como acusación popular. Pedraz detalla ocho casos concretos para dirigir las actuaciones contra 14 investigados. Entre ellos destacan los casos Sevilla (Unicaja), Palma (infanta Cristina), Sabadell (Banco Sabadell), Facua (perjuicio a la asociación dirigida por Rubén Sánchez), Volkswagen (caso de las emisiones y publicidad engañosa), Banco Santander (Manos Limpias no continuó una de las acciones contra Emilio Botín por presunto asesinato a cambio de aprovechar la petición de financiación publicitaria), el caso Endesa (difusión de la campaña de la OPA) y el de Fernando Puig de la Bellacasa, exsubsecretario de Sanidad y Consumo al que denunció Manos Limpias. En el caso Nóos, el auto recuerda que Manos Limpias ejercía la acusación popular y que fue su actividad en la instrucción la que finalmente consiguió sentar en el banquillo a la infanta Cristina de Borbón. En este sentido, el magistrado concluye que en este caso Pineda intentó «la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la infanta a cambio de un acuerdo que los beneficiara económicamente, en concreto entre 2 y 3 millones de euros».
El resto de los procesados, la mayoría cargos de Ausbanc, son Alfonso Solé, Ángel Garay, Javier Castro Villacañas, María Teresa Cuadrado, María Manuela Mateo, María Isabel Medrano, Hermenegildo García, José Marín, Rosa Isabel Aparicio, Luis María Suárez y Ramón Perfecto Rodríguez.
