La Guardia civil barajó enviar a sus propios antidisturbios ante la pasividad de los Mossos d?Esquadra para evacuar a los agentes atrapados en la sede de Economía
22 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El juez que ordenó el miércoles la macrooperación de la Guardia Civil contra el referendo ilegal, Juan Antonio Ramírez Sunyer, tuvo que llamar a medianoche de ese día al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, para exigirle que sacara a la comitiva judicial (incluidos guardias civiles) que estaban rodeados en la Consejería de Economía, epicentro de la operación contra el 1-O. La orden del magistrado se produjo, según desvelaron fuentes del operativo, después de que la secretaria judicial avisara a Ramírez Sunyer de que la policía autonómica había «dado largas» (nunca se negó oficialmente) a los requerimientos de la Guardia Civil de establecer un cordón de seguridad. «¡Sáquelos de ahí ya», fue la orden del juez en una conversación telefónica en altavoz grabada por el equipo del juzgado de Instrucción.
De manera simultánea, la tensión en las calles de la capital catalana también se convirtió en tensión en los despachos entre el Ministerio del Interior y la Generalitat a cuenta de la «pasividad» de los Mossos d’Esquadra a los insistentes llamamientos de la Guardia Civil para que protegiera el despliegue de la Unidad Central Especial 2 (UCE-2) durante los registros de la Consejería de Economía. Ante este edificio de la esquina de la Rambla de Catalunya y Gran Vía se llegaron a congregar cerca de 40.000 personas, que acabaron destrozando tres todoterrenos del instituto armado y otro vehículo oficial no rotulado.
Según informaron mandos del despliegue, desde el mediodía del miércoles la Guardia Civil reclamó a la Consejería de Interior (competente en seguridad ciudadana) un despliegue de seguridad en la zona ante la muchedumbre que se estaba congregando y que, incluso, había provocado que los agentes que se habían quedado en los vehículos los abandonaran por seguridad y se refugiaran en el interior del edificio. El Ministerio del Interior pidió a la Mossos desde el «primer momento» un cordón de seguridad, que no fue instalado. La situación se fue complicando a lo largo de la tarde y de la noche sin que los Mossos establecieran ese cordón. A medianoche, la Guardia Civil, que llegó a barajar la posibilidad de una evacuación en helicóptero, lanzó un ultimátum, según responsables del operativo presentes en el interior del edificio: o la policía autonómica abría un pasillo de seguridad o la Guardia Civil mandaría a sus propios antidisturbios, los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), para rescatar a sus compañeros.
Respuesta tibia
La respuesta, una vez más (de acuerdo con estas mismas fuentes), fue «tibia» ante el millar de manifestantes que todavía cercaban la Consejería de Economía, lo que hizo que hasta pasadas las siete de la mañana de ayer el último contingente de la Guardia Civil, quince agentes, no pudiera abandonar el edificio.
Los responsables del instituto armado denunciaron que los Mossos, durante toda la tarde y noche, dieron «largas» a las peticiones de ayuda, sin llegar nunca a negarse a colaborar, lo que le habría provocado problemas legales. Los mandos de la Guardia Civil aseguran que la tibieza de la policía autonómica a la hora de asistir a las fuerzas de seguridad del Estado está «estrechamente relacionada» con la orden de Trapero a los agentes de que el cuerpo tiene que ser «especialmente restrictivo y cuidadoso con el uso de la fuerza» en el mantenimiento del orden público durante las protestas de estos días. Según Trapero, el uso de la fuerza «se habrá de limitar a aquellos casos en que se haya de garantizar la seguridad propia o de terceros y siempre que no haya otra opción menos lesiva».
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por su parte, aseguró ayer que no se ha planteado sustituir a los Mossos d’Esquadra por otra fuerza de seguridad, si bien admitió que será necesario en los próximos días mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales en Cataluña.
Los estibadores de Barcelona y Tarragona boicotean a los barcos policiales
m.s.p.
Los estibadores de los puertos de Barcelona y Tarragona no darán servicio a los cuatro barcos en los que el Ministerio del Interior va a alojar a entre 3.000 y 5.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. «Los estibadores de Barcelona hemos decidido en votación no operar el barco Rhapsody. En defensa de los derechos civiles», ha asegurado la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona en un tuit en su cuenta oficial de Twitter.
Según fuentes del despliegue de Interior, la decisión de los estibadores no entorpecerá el abastecimiento de los barcos, que se hará con empresas de logística diferentes. El grueso del contingente de Interior contra el 1-O se alojará en dos ferris de bandera italiana. El Rhapsody en Barcelona y el Azurra en Tarragona. Uno de los barcos que trasladaba funcionarios y pertrechos de la Guardia Civil no recibió permiso de la Generalitat para atracar en el puerto de Palamós (Gerona). El Gobierno autonómico alegó problemas de logística para negar el amarre de este buque.
Despliegue desde Galicia
Galicia contribuye al despliegue de fuerzas del orden desarrollado en Cataluña con agentes destinados en las cuatro provincias. Alrededor de un centenar de funcionarios del grupo de seguridad ciudadana se unirán en los próximos días a sus compañeros llegados desde varios puntos de España. Además, una decena de agentes adscritos al Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Castrosenín (Pontevedra) ya se encuentran en Barcelona. La semana que viene se desplazarán otros tantos.
