La Generalitat reconoce que el golpe judicial y policial «altera» el referendo

Un día después de que la Guardia Civil por orden de un juez realizara 41 registros, detuviera a catorce personas, se apropiara de diez millones de papeletas, miles de folletos y asestara un duro golpe a la preparación del referendo, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, admitió que la operación policial, unida a la que permitió un día antes decomisar las notificaciones a los miembros de las mesas electorales, «alteró las reglas del juego» del referendo.

Por primera vez, Junqueras evitó decir que el 1 de octubre se votará «como siempre», su frase fetiche desde hace meses. «No estamos pudiendo votar como siempre», reconoció ayer. A su juicio, las operaciones policiales, calificadas desde el independentismo como un «golpe de estado», provocaron que las «circunstancias» de la preparación sean «diferentes». Junqueras vino a asumir que la logística del 1-O podría tener carencias, preparando el terreno por lo que pueda ocurrir en los próximos días, sobre todo ante una eventual incautación de las urnas.

El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, culpó directamente a Mariano Rajoy si al final la consulta no tiene todas las garantías prometidas. «Las está reventando todas», aseguró. Aunque el presidente del Gobierno advirtió el miércoles a los independentistas de que celebrar un referendo a día de hoy es una «quimera», Puigdemont quiso replicar con un mensaje de confianza a los suyos: «Nos sentimos fuertes y apoyados para afrontar los embates que vendrán».

Por la vía de los gestos, la Generalitat dejó claro que sigue adelante en la preparación del 1-O. Por un lado, dio a conocer una dirección web donde se puede consultar en qué colegio y mesa podrá votar cada ciudadano y, por otro, el Diario Oficial de la Generalitat publicó un encargo para actualizar y digitalizar las secciones censales de Cataluña del año 2016. Además, anunció que en los próximos días la ciudadanía irá «recibiendo noticias sobre la parte material» del referendo. Es exactamente lo que dice el único anuncio institucional sobre el 1-O que emite TV3 a pesar de que todo lo relativo a la consulta está suspendido.

También la campaña electoral debería estar anulada, aunque los partidos secesionistas la mantienen en marcha y todos los días celebran actos.

¿Aún a tiempo?

Tras la operación policial y el retraso que acumula la Generalitat en la logística, la pregunta que se hace todo el mundo es si el Gobierno catalán está aún a tiempo de organizar una consulta de verdad. Puigdemont, que ayer se reunió con Junqueras para analizar cómo afectan las intervenciones de la Guardia Civil a la consulta, dijo hace un mes que ya tiene las urnas, pero en cambio ahora el problema son las tarjetas censales y las notificaciones de los miembros de las mesas, que no han llegado a sus destinatarios por el boicot de Correos al 1-O.

Sobre las tarjetas censales, el único compromiso que existe para que lleguen a los buzones de los electores es verbal por parte del presidente de la Generalitat porque la ley del referendo no establecía ninguna obligación en este sentido y por tanto podrían no llegar. Mientras, la Sindicatura Electoral, que está suspendida por el Constitucional, como todo lo que tiene que ver con el 1-O, amplió el plazo hasta el martes que viene para la notificación de los miembros de las mesas. Un nuevo retraso dejaría las mesas en manos de la ANC, como se sospecha que va a ocurrir. Las papeletas también son una incógnita porque la Guardia Civil requisó diez millones (el censo rondará los 5,5 millones). Tras la operación, el presidente de la Generalitat afirmó de manera solemne: «El día 1 saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la haremos servir». Jordi Turull no quiso aclarar esta vez si estaba emplazando a los electores a imprimirse la papeleta en casa.

La Generalitat insistió en que se celebrará la consulta sobre la independencia el día previsto. «El 1-O se realizará el referéndum que tenemos convocado. Se hará porque teníamos previstos planes de contingencia y porque tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población», afirmó el presidente de la Generalitat en un mensaje difundido en las redes sociales. Sin embargo, no se atrevió a decir que tendrá todas las garantías prometidas.

Ada Colau cede locales municipales para dar cobertura a la consulta

El presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, anunció a través de su cuenta en Twitter un enlace donde los ciudadanos pueden consultar en qué colegio podrán votar el próximo 1 de octubre. En el listado en Barcelona, aparecen locales de titularidad municipal, como alguna escuela, centros cívicos y ateneos, lo que confirma la colaboración del consistorio de la capital catalana con la celebración del referendo ilegal. El secretario del Ayuntamiento aconsejó no hacerlo en su informe jurídico. La Generalitat dio a conocer el enlace a una dirección de Internet que es similar a todas las web sobre el referendo canceladas por la Guardia Civil.

Preocupación en Bruselas, que insiste en exigir respeto al orden constitucional

 

Cristina Porteiro

Los acontecimientos en Cataluña monopolizaron ayer la ronda de preguntas semanal en la sede de la Comisión Europea. El equipo de Jean Claude Juncker trató de mantener su tradicional equidistancia, a pesar de las preguntas incisivas de la prensa internacional por la escalada de tensión entre el Gobierno central y la Generalitat. El impertérrito portavoz de la institución, Margaritis Schinas, trató de esquivar las flechas reiterando que cualquier solución o diálogo debe someterse a la Constitución. Schinas fue tajante: «Tenemos el mayor de los respetos por la Constitución y la legislación españolas». Bruselas insiste en que el desafío separatista es un asunto de política nacional. «No tenemos nada más que decir. Respetamos el orden constitucional español», zanjó el griego, quien negó que el equipo de Juncker se esté poniendo de perfil en esta crisis: «Nuestra posición siempre ha sido muy clara, la hemos expresado a todos los niveles y en múltiples ocasiones». La Comisión Europea lleva meses insistiendo en que el respeto al Estado de derecho es uno de los principios fundamentales de la UE y que una declaración unilateral de independencia dejará a Cataluña fuera del club.

Tras la aparente fachada de tranquilidad en la UE, fuentes del Consejo Europeo reconocieron que existe una inquietud creciente motivada por la falta de diálogo entre las dos partes, el incumplimiento de la legalidad y el malestar social generado. «Estamos muy preocupados», reconocen fuentes de la institución.

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