Artur Mas se reivindica como cerebro político del 9N, pero da la batalla legal para eludir la condena
07 feb 2017 . Actualizado a las 09:17 h.Ni juicio político ni por poner las urnas, sino una respuesta judicial ante unos actos presuntamente delictivos. Precisamente se trata de que los jueces determinen si Artur Mas y sus dos exconsejeras cometieron delito por desobedecer la prohibición del Tribunal Constitucional de celebrar la consulta del 9N. En todo caso, la lectura política del juicio es inevitable desde el momento en el que los independentistas lo utilizan para avivar su desafío al Estado.
¿El juicio a Artur Mas y dos de sus exconsejeras es político?
No. No se les juzga por poner urnas para votar sino por desobediencia al Tribunal Constitucional y por prevaricación administrativas en cuanto a las medidas que adoptaron. Ni mucho menos es un juicio a la democracia o a Cataluña, como dicen los independentistas. En un Estado de derecho resulta inexcusable dar una respuesta judicial cuando se cometen actos presuntamente delictivos, como es este caso. El juicio sirve para comprobar con todas las garantías legales que ofrece el ordenamiento jurídico si se ha vulnerado o no la ley. Lo que se dirimirá es una cuestión jurídica: si su conducta de continuar con la consulta, convertida en proceso participativo, pese al veto del Tribunal Constitucional, cumple los tipos penales de los que se le acusa. Dicho esto, es evidente que existe un componente político en el hecho de que un presidente que encabeza un desafío separatista se siente en el banquillo, pero no en el juicio en sí, que es solo consecuencia de la presunta comisión de delitos.
¿Cuál ha sido la línea de defensa del expresidente?
Mas llevaba muy estudiada su defensa, que basó en dos ejes: considerarse el máximo responsable político del 9N para reivindicar su liderazgo del proceso independentista y tratar de refutar la acusación de desobediencia. No hay duda de que desobedeció al Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta cinco días antes de su celebración y se lo comunicó personalmente. Pero alega que no hubo delito porque no le advirtió de las consecuencias que podría tener su decisión de seguir adelante con la misma. Esa es la clave jurídica de la causa, ya que la jurisprudencia no es unánime y ha exigido en algunos casos que para que haya delito de desobediencia tiene que existir reiteración y un apercibimiento de las consecuencias de no obedecer. El argumento que contrapone la Fiscalía es que la resolución del Constitucional fue clara e inequívoca y que se les comunicó personalmente a los tres acusados.
Pese a declararse el promotor de la consulta y de dar las instrucciones para celebrarla, Mas añade que, tras la prohibición del Tribunal Constitucional cambió el formato de la consulta a proceso participativo y que fueron los 42.000 voluntarios los ejecutores. Este intento de elusión penal, refrendado en sus declaraciones por Joana Ortega e Irene Rigau, se contradice con el hecho de que la Generalitat acudiera también a contratistas privados. Y, lo que es más importante, no hay duda de que sin la utilización de las estructuras del Gobierno catalán no habría habido consulta. El ejemplo más claro es la apertura de los centros escolares para votar. Por último, el propio Mas se declara «responsable de todo» lo que concierne al 9N.
¿El hecho de que el Constitucional no informara a Mas de las consecuencias de desobedecerle tiene trascendencia jurídica?
Para el catedrático de Derecho Constitucional Roberto L. Blanco Valdés, es irrelevante, ya que el hecho es que desobedeció a sabiendas la resolución del Constitucional que prohibía la consulta. Sabía «sin ninguna duda que estaba incumpliendo la ley de forma flagrante». La catedrática de la UNED Yolanda Gómez se pronuncia en la misma línea y señala que el Constitucional no tenía ninguna obligación de avisar a Mas de las consecuencias. Es interesante destacar, sin embargo, que el tribunal no atendió la petición del Gobierno, que pretendía que incluyera la advertencia de las consecuencias a que pudiera dar lugar el incumplimiento de sus decisiones. A eso es a lo que se agarra Mas para basar su defensa.