El Gobierno valenciano maniobra para no tener que pagar por el caso Gürtel

Trata de evitar la responsabilidad que pidió el PSOE cuando estaba en la oposición


Madrid / Colpisa

En los procedimientos penales a veces se dan paradojas procesales cuando los partidos políticos se personan como acusación. El mejor ejemplo es el caso Gürtel y sus diferentes ramificaciones. Ya se vio con el PP, que pasó de ser acusación popular a tener que defenderse cuando el juez lo expulsó por maniobrar en favor de su extesorero Luis Bárcenas en el 2013. Y ahora ocurre con el PSOE en la pieza referida a la visita del papa a Valencia en el 2006. La representación legal en el caso Gürtel del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), comandada por el exdiputado y abogado Ángel Luna, ha tenido un papel muy activo desde que la investigación policial salpicó al PP regional. Así ocurrió en el caso de los trajes del expresidente Francisco Camps, la supuesta financiación irregular de los populares valencianos, los contratos de la feria Fitur o las adjudicaciones directas a empresas de la trama. Ese cúmulo de casos de corrupción fue el principal factor de desgaste del PP, que perdió su mayoría absoluta en las autonómicas del 2015 después de veinte años. El pacto de PSOE y Compromís desalojó entonces a los populares del poder y convirtió en presidente al socialista Ximo Puig.

Esta circunstancia, a priori, no debería haber influido en la estrategia procesal del PSPV en el caso Gürtel, pero la realidad ha sido otra. El conflicto de intereses político-judiciales ha llegado con la pieza de la visita del papa a Valencia, en la que 23 acusados se sentarán en el banquillo por diversos delitos, entre ellos el exvicepresidente regional Juan Cotino. El que también fuera director general de la Policía durante el Gobierno de Aznar se enfrenta a una petición de 11 años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción lo considera «elemento nuclear» en la contratación de empresas vinculadas a Gürtel para la retransmisión de la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio del 2006. La adjudicación ascendió a casi 7,5 millones de euros, de los que 3,3 millones fueron supuestamente a manos de varios imputados. 

La herencia

El pasado 23 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral por estos hechos y acusó como partícipe a título lucrativo a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Se trata de una organización de carácter sociocultural y sin ánimo de lucro creada en el 2005 con motivo del macroevento religioso y que estaba bajo la tutela de la Generalitat, entonces presidida por Camps. La dotación inicial de la fundación fue de 40.000 euros, de los que 30.000 fueron proporcionados por el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Valencia y la diputación provincial.

Se denomina partícipe a título lucrativo a quien concurre al procedimiento no como responsable criminal del ilícito penal investigado, sino en calidad de responsable civil directo por haber obtenido un beneficio derivado del comportamiento punible que se le atribuye a otro. En suma, el juez entiende que desde la fundación se gestionó el contrato con la extinta Radio Televisión Pública Valenciana (RTVV) para la emisión de la visita papal, a sabiendas de que el ente acabaría asumiendo el gasto total y subcontratando determinados servicios a la empresa Teconsa, vinculada a la trama Gürtel. Por lo tanto, el instructor consideró que la fundación tiene responsabilidad civil en el delito de prevaricación que le imputa a algunos acusados.

De forma paralela, el Gobierno de Alberto Fabra acordó en marzo del 2014 extinguir la actividad de la citada fundación y asumir su elevada deuda. Pero no fue hasta el pasado 7 de junio cuando se liquidó dicha entidad, con el socialista Ximo Puig en la presidencia. Ya sin fundación, la Abogacía General de la Generalitat pensaba que como la personalidad jurídica había desaparecido, también lo hacía la acusación.

Pero De la Mata opinó lo contrario y confirmó que la responsabilidad civil recaería ahora sobre su sucesora, la propia Generalitat. Por este motivo, los servicios jurídicos autonómicos recurrieron la decisión del juez. Trataban así de evitar que, en caso de una sentencia condenatoria, la Generalitat tuviera que devolver el dinero con el que presuntamente se lucró la fundación. Una cantidad que no se conocerá hasta que se ejecute el fallo, pero que se calcula cuantiosa.

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