No es la primera vez que se plantea el debate sobre la salida de grandes empresas de Cataluña. El largo proceso emprendido por el presidente catalán, Artur Mas, para la celebración de un referendo sobre la independencia, que derivó en la convocatoria de elecciones ante la prohibición de su celebración por parte del Tribunal Constitucional, llevó ya a importantes empresas a preparar planes de traslado en caso de que Cataluña se segregara de España. Un informe del banco de inversión suizo UBS fechado el 12 de septiembre del 2014 y publicado por diversos medios, aseguraba que compañías cotizadas con sede en Cataluña, entre las que citaba a CaixaBank y Banco Sabadell, habían tomado ya «medidas adecuadas para cambiar de sede, si es necesario, para minimizar cualquier impacto potencial en su acceso a las potenciales fuentes de financiación».
Ese informe explicaba que el traslado desde Cataluña a cualquier otra comunidad española permitiría a los bancos mantener el acceso a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo y también que los clientes siguieran amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos español y europeo. El Banco de Sabadell no llegó a confirmar que tuviera ya preparado ese plan, pero sí que «llegado el caso» de la independencia, «adoptaría las medidas adecuadas para competir en igualdad de condiciones con el resto de entidades».
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó el pasado mes de noviembre que, en caso de independencia, el banco actuaría «en función de los intereses de nuestros depositantes, clientes y accionistas» y tomaría «las decisiones que correspondan en el momento que corresponda».
Los dueños de otras empresas radicadas en Cataluña sí hicieron públicas sus advertencias en caso de que se declarara la independencia. El fallecido José Manuel Lara, presidente de Planeta, el mayor grupo editorial de España, aseguró ya en septiembre del 2012 que «si Cataluña fuese independiente, el Grupo Planeta se tendría que ir a Zaragoza, Madrid o Cuenca».
La multinacional Volkswagen también se planteó el traslado de su sede de El Prat de Llobregat (Barcelona) a Madrid en caso de independencia. Su vicepresidente mundial de compras, Francisco Javier García, se reunió con Rajoy el pasado mes de mayo para recibir garantías de que Cataluña no saldría del euro, antes de aprobar una inversión 4.200 millones de euros en España.