Lo acusan de administración fraudulenta y de apropiación indebida
18 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El caso sobre las irregularidades cometidas en Banco de Valencia antes de quedarse a un paso de la quiebra continua escribiendo capítulos. El próximo lo protagonizará Antoni Asunción, quien fuera ministro del Interior con el último gobierno de Felipe González. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le ha imputado por presuntos delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida en relación a la venta de su participación en una piscifactoría, aunque aún no hay fecha para su declaración. Es una de las operaciones que resultaron «verdaderamente ruinosas» para el banco y denunciadas por el FROB, su accionista mayoritario tras haberse inyectado 4.500 millones de euros en su rescate
Según la querella del FROB, que también inició acciones penales por otras operaciones inmobiliarias sospechosas y créditos irregulares que dañaron a la entidad, la compra se hizo sin las revisiones contables necesarias. La empresa Acuigroup Maremar estaba en liquidación y carecía de una contabilidad al uso.
Tampoco se sabían sus existencias reales, la principal partida del balance, apunta el Banco de España. Pese a ello, y sin informar a los miembros del consejo, la entidad estimó que valía 30 millones y pagó seis por el 20 %, la mitad en una ampliación de capital y el resto a sus socios, entre ellos Asunción.
Banco de Valencia, que tras ser saneado pasó a manos de CaixaBank por un precio simbólico (un euro), se hizo en el 2006 con el 20 % de la piscifactoría, participación que dos años después amplió al 68 %. Pero para entonces la empresa «ya se encontraba en situación de impago generalizado» y, en octubre, incluso se tenían «evidencias de la manipulación contable de las existencias»
Por eso, encargó un análisis «en profundidad», a lo que se negaron tanto el exministro como sus socios, que denunciaron que se accediera a sus correos y ordenadores. Al final se concluyó que la piscifactoría tenía un agujero de hasta 30 millones, y el banco perdió además un préstamo de 11 millones.
Pero no es el único dirigente socialista que deberá responder ante el fiscal. La Fiscalía del País Vasco denunciará al parlamentario y exsecretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, y al exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental en el pago de unas obras en varias sedes del PSE en Álava.