Invita a los jueces que vean amenazada su independencia a pedir amparo
23 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, respondió ayer al presidente de la sala segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, en relación con la carta en la que 13 magistrados de esa sala expresaron su desazón por las manifestaciones del ministro del Interior sobre la excarcelación de etarras. Lesmes recordó un pronunciamiento, el pasado día 17, de la comisión permanente del CGPJ ante una petición de amparo de los magistrados de la sección primera de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a raíz de diferentes declaraciones de responsables públicos. En ella, la comisión afirmaba que, sin perjuicio de que toda decisión judicial está sometida a la crítica pública, «todos han de asumir un especial deber de favorecer la confianza en el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción, que constituye la fuente de legitimidad democrática de jueces y magistrados».
La declaración, recordó el presidente del Consejo del Poder Judicial, añadía que el traspasar los límites que comporta el ejercicio de tal deber entraña transmitir a la ciudadanía una «imagen distorsionada» de lo que supone el principio democrático de separación de poderes, constitutivo de nuestro Estado de Derecho.
En su respuesta, Lesmes indicó, asimismo, que el escrito firmado por trece magistrados del Supremo parece recoger no solo su desazón, sino también la inquietud relativa a que su independencia judicial pueda verse comprometida por las manifestaciones del ministro del Interior, y recordó que para este supuesto tanto la ley como el reglamento de la carrera judicial contemplan la petición de amparo ante el Consejo.
El malestar de los jueces responde a unas declaraciones del ministro del Interior en las que consideró «lamentables» las excarcelaciones de etarras por parte de la Audiencia Nacional.
Otro etarra excarcelado
Ayer mismo, la Audiencia Nacional ordenó la puesta en libertad del etarra arrepentido Jesús García Corporales, que saldrá del centro penitenciario de Zaballa (Álava) este viernes tras haber pasado más de veinte años entre rejas. La sección tercera de la Sala de lo Penal acordó por unanimidad rebajar de su condena los cinco años de prisión cumplidos en Francia, pretensión a la que se había opuesto el fiscal con el argumento de que vulnera la legalidad vigente después de que el Gobierno traspusiera la citada decisión marco, que acordaba la acumulación de penas para reclusos con condenas en distintos países de la Unión Europea.
Esta norma entró en vigor el 3 de diciembre, pero García Corporales solicitó la rebaja de su condena en abril, por lo que el tribunal de la Audiencia Nacional estimó su pretensión amparándose en los criterios que en su momento expuso la Sala Segunda del Supremo sobre Urrusolo. «La entrada en vigor con posterioridad de una ley penal desfavorable no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio del penado», señala la sección de la Audiencia Nacional.
De esta manera, los magistrados concluyen que la nueva legislación no puede ser aplicada «con carácter retroactivo» a quien ya «consolidó su derecho», en línea con el argumento que defendió el Supremo con Urrusolo. En esa resolución dieron además un tirón de orejas al Gobierno por no trasponer la decisión marco con anterioridad, ya que excluye las sentencias anteriores a agosto del 2010.
El pleno de la Sala de lo Penal del Supremo se reunió el pasado día 16 para fijar doctrina, pero dada la división existente se acordó aplazar la decisión para otra reunión el 13 enero.