Aunque a trancas y barrancas, y más por el orgullo y esfuerzo de las personas que por el apoyo leal de los poderes, las instituciones funcionan. El juez Castro se ha ganado la consideración de todos los españoles, porque solo su empeño ha hecho real el principio constitucional de que la justicia es igual para todos. Y que por eso, por hacer su trabajo con dignidad, se le quiera convertir en héroe dice mucho, y poco bueno, de cómo funcionan las cosas en España. Empezando por la actitud del fiscal y del abogado del Estado. No se trata de prejuzgar a la infanta ni de cuestionar su presunción de inocencia, como ha insinuado el representante del ministerio público, a quien solo le ha faltado acusar de prevaricación al juez. La valoración de los hechos siempre es discutible, pero el empecinamiento en mantener una interpretación contra el sentido común, contra el criterio aplicado a otros acusados y contra lo insinuado por la audiencia deja en evidencia a quienes tienen como primer deber velar por el interés público.
Lejos de contribuir a hacer justicia, han mantenido una actitud obstruccionista que desprestigia a las instituciones y que, a la postre, en nada ha ayudado a la infanta. Al contrario, ha quedado convertida en villana y aún más expuesta. Porque es ella quien debe dar el próximo paso. Y no por su futuro procesal, sino por el de la monarquía. De nada servirán la abdicación de su padre y los esfuerzos de transparencia de su hermano si ella no renuncia a sus derechos dinásticos. Porque pocas cosas pueden dañar más las raíces de la Corona que en la línea sucesoria siga figurando quien está acusada de robar a todos los españoles, que eso es el fraude fiscal.