Argumentaba el fiscal su recurso contra la excarcelación de Jaume Matas por la «repugnancia social» de la conducta que le ha llevado a ser condenado. A poco que el fiscal Horrach se siente en una terraza de Palma o eche una ojeada a las redes sociales verá que los actos por los que la infanta Cristina ha sido imputada generan la misma repulsión ciudadana. Así que se entendería mal que en sus conclusiones finales mantenga su actitud exculpatoria hacia la acusada, en una perversión del papel atribuido a la fiscalía, que hasta ha merecido un duro reproche del tribunal. No se trata de sentarla en el banquillo con ánimo ejemplarizante, sino de ejercer la justicia en su sentido recto y evitar así los dobles raseros. Porque nada hay más dañino para la justicia, ni más pernicioso para la sociedad en estos tiempos de desánimo ante tanta corrupción, que cunda la sospecha de que ciertas personas reciben un trato de privilegio en razón de su cargo o posición. El auto de la Audiencia de Palma es contundente al señalar la participación consciente y deliberada de Cristina de Borbón en la ocultación a Hacienda de los ingresos y beneficios obtenidos por su marido. Ante esto, no se entendería que la Abogacía del Estado, en lugar de velar por los intereses de Hacienda, mirara para otro lado. No se aprecia en este caso el mismo celo con el que se persigue el simple error de un ciudadano anónimo en su declaración de la renta. No basta, como hizo ayer el Gobierno, con escurrir el bulto tras el se estudiará. La Fiscalía y la Abogacía del Estado deben anteponer el interés público a cualquier otra consideración y, al menos, no hurtar al tribunal la posibilidad de juzgar los hechos. Menos mal que la decisión final queda en manos del juez Castro.