Los promotores del drástico recorte de la jurisdicción universal aprobado por el Congreso admiten que priman los factores económicos y diplomáticos
01 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está camino del Senado tras ser despachada el pasado jueves por el Congreso en apenas dos horas y con espacio reservado en el Boletín Oficial del Estado del próximo 21 de marzo, no es casual. Las autoridades chinas llevan esperando por ese «gesto amistoso» desde hace cinco años.
Atender esa demanda que ya se había convertido en exigencia, según reconocen implícitamente los promotores de la iniciativa legislativa, era una cuestión de realismo, aunque sea a costa de la soberanía legislativa. La República Popular de China surgida tras la Larga Marcha de Mao ostenta la titularidad del 20 % de la deuda pública española -unos 80.000 millones de euros- y cuantiosas inversiones en empresas transnacionales radicadas en España. «Hay que eliminar esta jurisdicción para evitar disputas inútiles que solo generan conflictos diplomáticos», declaró sin ruborizarse el portavoz del grupo parlamentario popular tras presentar la iniciativa legislativa.
Otros defendidos
Norteamericanos, israelíes y marroquíes. No solo están molestos los chinos. A los norteamericanos nos les hace ninguna gracia que jueces españoles incordien a sus militares que arriesgaron la vida en Irak y se llevaron por delante la de un cámara español que trataba de captar imágenes de lo que allí ocurría. Tampoco les hacía gracia que metiesen las narices en la base militar de Guantánamo, ni las investigaciones sobre los polémicos vuelos de la CIA con presuntos terroristas detenidos y que hicieron escala en suelo español.
También lo estaban israelíes por la admisión a trámite de la querella por el asalto armado de sus tropas a la flotilla de ayuda a Gaza, que se saldó con una decena de muertes. La iniciativa será igualmente bien acogida en Rabat, que tiene a 31 militares imputados en la Audiencia Nacional por la desaparición de 542 saharauis desde la descolonización española.
Otros intereses
Resuelve paradojas incómodas. Según juristas expertos en derecho internacional, esta reforma resuelve una paradoja incómoda que era restregada por la cara a nuestro país en los foros internacionales: la legislación española permitía investigar delitos de lesa humanidad cometidos en otros países pero no en España, como los crímenes del franquismo. Ahora queda todo igualado, pero por abajo.
Antecedentes
Dentro y fuera. El recorte de las competencias de los jueces españoles en materia de jurisdicción universal por razones político-económicas tiene precedentes, aunque no tan drásticos. En realidad es la culminación de la que el Gobierno Zapatero pactó con el PP en el 2009 y que colaron en la aprobación de la nueva oficina judicial.
Bélgica se vio obligada a aplicar un recorte similar en el 2003, ante la amenaza del ministro de Defensa de Estados Unidos de oponerse a la construcción de la nueva sede de la OTAN en Bruselas.
Efectos inmediatos
Archivo provisional. Cuando la reforma entre en vigor, las trece causas abiertas quedan abocadas al archivo, al menos provisionalmente. Lo hará el instructor de oficio o a instancias del fiscal. Fuentes jurídicas apuntan que dos de ellas podrían ser reabiertas, sin embargo no las concretaron ante el temor a que una enmienda en el Senado las pueda bloquear.
Efectos colaterales
Narcotráfico, ablación y trata de seres humanos. Según fuentes judiciales, la reforma podría afectar negativamente a la aprehensión de barcos de narcos en alta mar, víctimas de la ablación y tráfico de seres humanos. Lo del narcotráfico han intentado enmendarlo a última hora, lo demás lo pueden corregir el Senado.