La imputación de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en la compra del lujoso ático madrileño que el matrimonio posee en la urbanización de lujo de Guadalmina provocó ayer un terremoto político. El presidente de la Comunidad de Madrid queda políticamente muy tocado en plena lucha por ser cabeza de cartel en las elecciones del 2015, lo que se le complica mucho. Los socialistas exigieron su dimisión inmediata, que también apuntaron IU y UPyD.
González negó las acusaciones a su esposa y mostraba su «sorpresa y estupor» por un auto «plagado de presunciones» que imputa a su esposa «con la única razón de evitar la posible indefensión». Pero señaló que «no se ha acreditado absolutamente nada ni puesto sobre la mesa ninguna prueba ni dato» que señalen la comisión de algún delito. Afirmó que se siente víctima de un «juicio mediático» y expresó su deseo de que la justicia actúe con celeridad y llegue hasta el fondo para dejar claro que «no hay nada». «No me van a doblegar», insistió horas después, en presencia de Rajoy, en la cena organizada por el PP de Madrid en Collado Villalba.
Argumentos débiles
La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto recurrir el auto del juzgado de primera estancia número 5 de Estepona, debido la debilidad de los argumentos que expone la jueza Mariana Peregrina en solo dos folios. Esta ha trasladado a la Audiencia Nacional las actuaciones de su juzgado por tratarse de delitos que se podrían haber cometido fuera de España. Asimismo, sugiere que no imputa al propio Ignacio González por su condición de aforado.
El ático que disfruta el matrimonio lo compró formalmente el testaferro Rudy Valner en nombre de la empresa Coast Investors, ubicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. En diciembre del 2012, tras conocerse el asunto, González y Cavero lo compraron por 770.000 euros.
El líder de los socialistas madrileños. Tomás Gómez, pidió la dimisión «inminente» del presidente madrileño. Aseguró que los hechos son de tal gravedad que dejan al presidente y a su gobierno en una situación «insostenible». Los tres grupos parlamentarios de la oposición reclamaron que que González comparezca en la Asamblea para dar explicaciones. El coordinador general de IU, Cayo Lara, consideró que debería dimitir en el caso de que su esposa vaya finalmente a juicio. El diputado Gaspar Llamazares dijo que González ya tenían antes de esto «los pies de barro», pero ahora son «de cemento». Rosa Díez (UPyD) le recomendó que deje la presidencia para poder defenderse «desde fuera».