Fiel a su estilo, Mariano Rajoy redujo el caso Bárcenas a la categoría de simple error. «También se aprende de los errores», fueron sus palabras. Pero por mucho que haga malabarismos con las palabras, la realidad es la que es. Y el dibujo que el juez va desvelando auto a auto es el de un partido, el PP, que desvió del circuito legal una parte de sus fondos: tanto a la hora de ingresar como a la de gastar. Una equivocación es cuando, obrando de buena fe, se falla en el juicio, la decisión o la acción. Pero esto es mucho más que un error. Porque una contabilidad paralela no es un gazapo ni el fruto de un estado transitorio de ofuscación mental. Al contrario, es el resultado de una decisión deliberada y muy meditada que tiene siempre un único objetivo: defraudar a Hacienda. Un comportamiento condenable en cualquier caso y circunstancia, pero especialmente abominable cuando quien lo practica es un partido que gobierna, elabora leyes, vigila su cumplimiento y exige sacrificios a los ciudadanos, que en su inmensa mayoría respetan las normas y cumplen con el fisco. Si se confirman las sospechas del juez, y todos los indicios apuntan en ese sentido, el error de Rajoy en realidad sería un delito. De aquellos se puede aprender, pero por estos se paga, en términos penales y políticos.