Afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos
10 jul 2013 . Actualizado a las 02:47 h.La Junta, pese a ser acusación particular en el caso de los ERE, aseguró que asumiría los gastos de la defensa jurídica de sus altos cargos y funcionarios imputados la pasada semana que así lo soliciten, según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno. Se trataba, aclaró, de una opción recogida en el reglamento del servicio jurídico de la Administración que solo afecta a cargos aún en activo. No incluiría, por tanto, a la exministra Álvarez. Horas más tarde, sin embargo, se desdijo.
A la Junta no pareció en un inicio importarle que una actuación similar supuso la expulsión del PP del caso Gürtel, en el que también era acusación particular pero actuaba como defensor de Luis Bárcenas y otros imputados del partido. El reglamento de la Administración regional y del cuerpo de letrados, en vigor desde finales del 2000, establece que la institución podrá defender a las autoridades y personal en cualquier procedimiento judicial «siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores». Y el procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis, refrendado en el Parlamento y los presupuestos anuales, se incluía en esas categorías. Al estar ya personada en la causa, la Junta no llevaría directamente la defensa, sino que se costearía un asesoramiento jurídico privado. Era solo «una cuestión de normativa».
Y, sin embargo, ayer, horas después, la Junta rectificó y precisó que no tiene previsto «abonar la defensa de los imputados por el último auto del Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, porque ni siquiera ha sido aún notificado a los imputados, y por tanto no existe la preceptiva solicitud por su parte de asistencia de los servicios jurídicos de la comunidad, ni informe previo, ni autorización».