No se recuerda una época así. Ni hace 20 años, cuando Felipe González renovó su exigua mayoría en la antesala del estallido del caso Luis Roldán, un delincuente que dirigía la Guardia Civil. Entonces había desempleo pero no tan pavoroso como hoy. Nadie discutía la monarquía, con las infantas por casar y los cuñados peligrosos del príncipe por llegar. El Banco de España destacaba por su eficacia reguladora. Y los partidos y sus dirigentes aún tenían un caudal de crédito entre la ciudadanía. En 1993 hacía solo quince años que se había aprobado la Constitución y, aun con el azote terrorista, ni desde el País Vasco ni desde Cataluña se desafiaba al Estado con un proceso soberanista. Y los medios de comunicación todavía gozaban de prestigio por su labor en la transición. Hoy todo es peor. La avería del sistema, que afecta a casi todas las instituciones, es tan grave que roza el siniestro total. Y la indignación popular, máxima.
Sin matices: España es el país más corrupto de la Unión Europea después de Grecia e Italia, según confirma el catedrático Manuel Villoria, directivo de Transparencia Internacional. Va por lo público y por lo privado. «O recuperamos las buenas prácticas, o no saldremos», reclamaba el pasado viernes el presidente del BBVA, Francisco González. Sufre la marca España y se paga por ello. Por ejemplo, hay que devolver ahora dinero a la UE por adjudicar sin garantía algunos tramos de las obras del AVE entre Madrid y Lérida. Alguien debió de cobrar comisiones por vulnerar los procedimientos.
La crisis de desconfianza estaba servida, ganada en cien casos de corrupción política mal resueltos que afectaron a casi todos los partidos. Pero lo de Bárcenas ha sido el catalizador de la mayor crisis del Partido Popular desde su fundación. Barones que reclaman una querella contra el extesorero que Mariano Rajoy no se atreve a plantear; goteo de concejales que dimiten; decepción entre los votantes y peticiones de dimisión mientras se quiere levantar una barrera entre Gobierno y partido. Pero al Gobierno y a España este PP-gate les afecta directamente. Y The Wall Street Journal lo retrata así: «Preocupa que la pérdida de credibilidad del presidente le impida proseguir con los ajustes necesarios dada la indignación popular.» Mariano, según sus allegados, es de los pocos que conserva la calma. Pero, como escribe Tino Novoa en La Voz de Galicia, «los biorritmos políticos de Rajoy casan muy mal con las exigencias de la sociedad». Y con las de su partido.
Podemos aceptar que Rajoy no está en política por dinero, como proclamó ayer, y que observa «una vida recta», como defiende su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Que nunca cobró nada en negro -lo que alivia, sin duda-, pero son demasiadas irregularidades y coincidencias, algunas probadas en informes policiales. Puede que la ministra Ana Mato no recibiera nada de la red corrupta Gürtel, pero sí su exmarido Jesús Sepúlveda. Y Sepúlveda sigue siendo empleado en la sede central del PP en Génova. Rajoy tiene dos opciones: limpieza a fondo o siniestro total.
Trías reitera que no es el filtrador
No basta con declaraciones autoexculpatorias, porque el fiasco está en el sistema. No vale con inventar enemigos exteriores, que los hay, pero no son responsables de las malas prácticas internas. Ahora se quiere culpar al exdiputado Jorge Trías Sagnier. Ayer regresaba de Barcelona y conversó con nosotros para reiterar que ni filtró nada ni está en operación política alguna. «Estoy solo. Y encantado si me llaman a declarar. Me intentarán desprestigiar, pero esto es una carrera de fondo y, si puedo, contribuiré a que resplandezca la verdad por el bien del país».
Es dramático que el único caído por la trama Gürtel haya sido hasta ahora el juez Baltasar Garzón, culpable solo de investigarla.