El Consejo del Poder Judicial, contra la reforma que plantea el Gobierno

julio á. fariñas REDACCIÓN /LA VOZ

ESPAÑA

La ve inconstitucional porque limita su autonomía y lo somete al Ejecutivo

31 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Tras cinco horas de debates y ante la urgencia en los plazos disponibles para la emisión del informe, la comisión de estudios del Consejo General del Poder Judicial ha optado por aprobar por unanimidad, y solo con unos ligeros retoques formales, la ponencia de la vocal Margarita Robles sobre el anteproyecto de ley de reforma del órgano de gobierno de los jueces, remitido en días pasados por la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia.

Los integrantes de la citada comisión, en su reunión de ayer, decidieron no someter a votación los aspectos más críticos del informe dejando que sobre los mismos se pronuncie el pleno del Consejo que se celebrará el próximo miércoles. La comisión se ha limitado a introducir algunas matizaciones en la redacción para rebajar el tono, aunque sin afectar a lo esencial de la propuesta.

Entre estas matizaciones cabe citar la supresión de un párrafo incluido en las consideraciones generales a la reforma donde se acusaba al ministro de querer convertir el Consejo en «una dirección general» más de su departamento. El documento aprobado mantiene que los planes del Ejecutivo suponen reducir al órgano de gobierno de los jueces «a su mínima expresión» con «la evidente intención de subordinar a los miembros del poder judicial al poder ejecutivo».

Igualmente, se ha eliminado lo señalado en otro punto del informe que comparaba la figura del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, con «una especie de Don Quijote de la Mancha, que veía gigantes donde solo había molinos de viento», cuando justifica el anteproyecto por la necesidad de «poner fin a los problemas que a lo largo de los años se han puesto de manifiesto», sin explicar cuales son o han sido. El texto mantiene que los planes del Ministerio de Justicia contemplan una reducción de importantes funciones que la normativa hoy vigente ha otorgado al CGPJ como medio para garantizar la independencia de jueces y magistrados.

Dedicación exclusiva

La ponencia aprobada alerta de que varias de las novedades previstas por el Ministerio de Justicia contradicen la doctrina del Tribunal Constitucional y el propio texto de la Carta Magna, como son la posibilidad de que el CGPJ se renueve parcialmente si no se alcanza acuerdo en ambas Cámaras. Dice que el hecho de que permita la constitución de un nuevo Consejo con los diez vocales de la cámara que hubiera procedido a la renovación, sin esperar al nombramiento del total de los veinte, «podría resultar contrario a los designios constitucionales».

También cuestionan el hecho de que la mayoría de los vocales no tengan dedicación exclusiva y ejerzan de forma simultánea sus profesiones de jueces, abogados o procuradores. «La exclusividad -se señala en el informe- es garantía de independencia». En este tema, la comisión de estudios va incluso más allá de lo señalado por la ponencia al advertir que la supresión de la dedicación exclusiva de los vocales -solo la tendrán seis frente a los veinte actuales- puede llegar a producir «disfunciones en los juzgados».

El texto aprobado puede verse modificado en el debate plenario, que es cuando se valorará la posible inclusión de aspectos no tratados en la ponencia, como es la regulación de los denominados consejos autonómicos del poder judicial, cuya creación reclaman los grupos parlamentarios nacionalistas.