Doscientos jueces acusan al Ejecutivo de dinamitar la división de poderes

El segundo indulto concedido a cuatro «mossos» condenados por torturas, un paso más en el clima de tensión entre Gobierno y judicatura


Redacción / La Voz

La tensión entre los poderes judicial y ejecutivo aumenta día a día. A las pocas horas de que la comisión interasociativa de jueces y fiscales hiciese público el programa de sus próximas movilizaciones y el rechazo formal a Ruiz-Gallardón como interlocutor, se hizo público un manifiesto contra el segundo indulto concedido en el Consejo de Ministros de la pasada semana a cuatro mossos -agentes de la policía autonómica de Cataluña- condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador.

El manifiesto está suscrito por más de 200 jueces y fiscales de toda España, entre los que se cuentan magistrados de todas las filiaciones asociativas y de todas las jurisdicciones, dos de ellos del Tribunal Supremo -Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez- y una vocal del Consejo General del Poder Judicial - Margarita Robles-. En el texto, se califica la decisión del Gobierno de «impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible».

Rechazan de forma contundente lo que califican de un «ejercicio abusivo por el poder ejecutivo de la facultad de indulto, alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al poder judicial». Consideran también que se trata de «un menosprecio a los miles de agentes de policía de, cualquiera de sus cuerpos, que cumplen a diario con sus funciones democráticas».

Afirma los firmantes del manifiesto que no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido, porque «los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana». Consideran que un indulto en estas circunstancias supone realizar «un uso grosero y desviado de la institución» y añaden que al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, «el Gobierno dinamita la división de poderes y usurpa el papel del poder judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ayer la decisión del Ejecutivo de conceder el indulto diciendo que «es facultad del Gobierno el derecho de gracia y que en este caso concurrían todas las condiciones favorables».

Los hecho objeto de este indulto ocurrieron en junio del 2006, cuando cuatro mossos confundieron a un ciudadano rumano con un atracador y lo maltrataron, según la denuncia que presentó posteriormente. En el 2008, los agentes fueron condenados por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones a penas de seis años y siete meses de prisión cada uno. El Supremo les rebajó las condenas a cuatro años y los inhabilitó. En febrero pasado, el Gobierno les concedió un indulto parcial y rebajó la pena a dos años. Lo habitual en estos casos, cuando el reo no tiene antecedentes, es que se suspenda el ingreso en prisión. Pero en mayo, el tribunal acordó la ejecución de la condena. El próximo día 10 tenían que ingresar en prisión, pero antes llegó el segundo indulto.

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