El Poder Judicial tratará de elegir el martes al sustituto de Carlos Dívar

julio á. fariñas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Conservadores y progresistas buscan un pacto para proponer como candidato a un magistrado del Supremo, pero ayer no tenían asegurados los doce votos

06 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

El Consejo General del Poder Judicial celebrará el próximo martes un pleno extraordinario con un único punto del orden del día a tratar: «Debatir y reflexionar sobre el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y adoptar el acuerdo correspondiente». La petición de convocatoria fue formulada ayer mismo, apenas pasada una semana de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del cese de Dívar, por los vocales Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles, los tres líderes de la rebelión que forzó su dimisión.

Fernando de Rosa, presidente en funciones, oficializó la convocatoria poco después de la solicitud, y a pesar de que esta no contaba con el respaldo formal de cinco vocales que obliga la celebración de la sesión y de que, según distintas fuentes, De Rosa no era partidario de abrir ya la sucesión de Dívar, porque el proceso, salvo sorpresas harto improbables, va a contribuir a reactivar el cisma existente en el seno de la institución.

El acuerdo

A primera hora de la tarde de ayer fuentes judiciales daban por cerrado un acuerdo entre los núcleos duros de los dos sectores mayoritarios -conservadores y progresistas- para proponer como candidato a José Ramón Ferrándiz Gabriel, expresidente de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura). Aunque no contaban de antemano con los doce votos necesarios, confiaban en conseguirlos antes del martes.

Este pacto suscitaba ciertos recelos entre un sector de vocales afines al grupo conservador, y también entre algunos progresistas y no alienados, porque entienden que supondría una consolidación del poder del actual del núcleo duro del Consejo, ostentado por Margarita Robles y Manuel Almenar.

Ya a media tarde, según apuntaban algunas fuentes, el acuerdo se había venido abajo, al parecer, por la presión ejercida desde el Ministerio de Justicia.