Asegura que el Ejecutivo autónomo conocía las supuestas irregularidades en concesión de ayudas o prejubilaciones
08 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Fiel a su palabra, el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero optó por tirar de la manta y apuntó a lo más alto. El ex alto cargo aseguró que el Ejecutivo autónomo que presidía Manuel Chaves conocía las supuestas irregularidades que se cometieron en la concesión de ayudas a empresas en crisis o con las prejubilaciones pagadas con dinero público. «Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas», aseveró ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
La magistrada entiende que Guerrero, que compareció por primera vez en sede judicial para defenderse, conocía la inclusión de intrusos en los ERE y que las ayudas se destinaban a empresas de municipios socialistas o afines al partido, y le imputó tres delitos continuados de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, y otros tanto de falsedad en documento mercantil y oficial. También recordó a Guerrero las acusaciones de su exchófer acerca de que se gastó el dinero público en drogas y juergas, extremo que el imputado negó con la cabeza. No obstante, el exdirectivo de la Junta entre 1999 y el 2008 aseguró a la entrada del juzgado que no se sentía «culpable de nada».
Reparto provincial
Según relató a la magistrada, se realizó un convenio marco entre la entonces Consejería de Innovación y Empleo para que fuera el antiguo Instituto Andaluz de Fomento el que se encargase de conceder las ayudas que el propio Guerrero calificó ante la Guardia Civil de fondo de reptiles. El convenio no se hizo para evitar controles administrativos sino para mantener la paz social ante diversas crisis laborales. El ex alto cargo afirmó incluso que a él no le gustaba mucho porque era una partida «discrecional» y reconoció que en algunos casos se hicieron muchas «concesiones».
Según el exdirector de Trabajo, todas las relaciones presupuestarias de las ayudas se veían en el Consejo de Gobierno, e incluso cada consejero se preocupaba de las destinadas a empresas de su provincia. Mencionó de forma expresa a Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y también subrayó que el Gabinete de Chaves, siendo este presidente, le dio instrucciones para que «sí o sí» se solucionara un conflicto laboral en una empresa donde estaba previsto un acto público.