El caso Garzón amenaza el Gürtel

Mateo balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El abogado que lo denunció advierte que buscará nulidades en la causa

12 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

La condena a Baltasar Garzón, además de la expulsión del juez de la carrera judicial, tiene otras implicaciones. Durante el juicio, la Fiscalía reclamó la absolución con el argumento de que en otras causas se habían admitido escuchas en supuestos que no son de terrorismo (Marta del Castillo y Vioque) o que otros magistrados habían apoyado sus resoluciones tras su inhibición. Se trató de los jueces del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira (prorrogó las escuchas) y José Manuel Suárez Robledano (las avaló con un voto particular), el del Tribunal Superior de Valencia José Flors (instructor de la causa de los trajes) y las fiscalas Miriam Segura y Concepción Sabadell.

Su situación no es precisamente buena tras la condena a Garzón. Ya lo advirtió el abogado que originó la querella, Ignacio Peláez. El letrado que defiende al empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama, señaló que la decisión de demandar a Pedreira la tendrían que tomar los abogados de Correa y Crespo, a los que este ordenó escuchar en prisión.

No obstante, fuentes del Tribunal Superior de Madrid señalaron que una posible querella contra Pedreira tendría «poco recorrido, porque una cosa es la condena a Garzón por prevaricar en el ejercicio de sus funciones y otra, un magistrado que solo amplió su decisión inicial». «El juez está tranquilo», resumen.

La otra derivación de la condena afecta a las partes del caso Gürtel que aún siguen abiertas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Valencia, donde se investiga la supuesta financiación ilegal del PPP en esa comunidad. ¿Cómo afectará? Esta es la pregunta clave.

El abogado Peláez ya avanzó el jueves que valoraría la decisión judicial porque «puede aparejar nulidades, ya que algunas de las pruebas de la investigación se han usado o se podrán utilizar gracias a la intervención de las conversaciones», aseguró. «Por ello pediré su impugnación, y no para hacer una triquiñuela, porque si el caso queda en nada será por culpa de Garzón», auguró en una entrevista a Las Provincias.

Pese a esta advertencia, juristas consultados aseguran que es casi imposible llegar a este extremo. Recuerdan que hay una «avalancha» de pruebas que no proceden de las escuchas y señalan que la teoría del árbol contaminado, según la cual esta prueba afecta al resto, ya quedó enterrado cuando el Tribunal Superior de Madrid volvió a revisar con lupa las comunicaciones intervenidas que pudieran afectar al derecho de defensa.

Sin embargo, Garzón señaló tras conocer su expulsión que la sentencia «elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente [...] a laminar la independencia de los jueces en España». Veremos si sus palabras se cumplen.

El Poder Judicial prevé finiquitar el futuro como juez de Garzón el próximo martes. Primero lo expulsa y después convoca su plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora cubre Pablo Ruz de forma interina, y que lleva asuntos de calado como el caso Faisán o la parte central del Gürtel.

Cuando transcurran los 11 años de inhabilitación, Garzón, que tendrá 67, podrá solicitar su readmisión en la carrera. Sin embargo, esta opción es hoy impensable, según su entorno.

Pero sí podrá ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales. Durante este tiempo, ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional, con la Organización de Estados Americanos y el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa. Su futuro, quién sabe, hasta podría pasar por la política, y en la actualidad asesora en materia de justicia a los Gobiernos de Colombia, Ecuador y en breve quizá al de México.

las consecuencias de una condena