El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dice que la Justicia española no puede funcionar con una ley del siglo XIX
21 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido viajó el pasado martes a Galicia para imponer a Salvador Fernández Moreda, presidente en funciones de la Diputación coruñesa, la cruz de San Raimundo de Peñafort. Acababa de estallar la crisis del Tribunal Constitucional y aún estaban frescas las heridas de su último enfrentamiento con el Consejo del Poder Judicial.
-Parece que la ola de indignación ciudadana ha llegado a las altas instituciones del Estado.
-Yo creo que las altas instituciones del Estado cumplen su función institucional y prestan atención a lo que los ciudadanos demandan.
-Las dimisiones en el Tribunal Constitucional, ¿son un órdago a los partidos políticos?
-Son cuestiones que surgen dentro del ámbito del funcionamiento institucional que tampoco deberían de alarmarnos. Creo que el presidente del Constitucional ha tomado una decisión muy sabia y sensata, y al mismo tiempo muy responsable para mantener la continuidad del funcionamiento del órgano y trasladar su preocupación al Congreso de los Diputados. Por tanto, parece respetable que haya magistrados que llamen la atención sobre el hecho de que ha transcurrido su mandato.
-¿Usted sigue siendo candidato a uno de los puestos vacantes?
-Soy fiscal general del Estado. Como tal, tengo un mandato de cinco años. Estoy muy orgulloso y al mismo tiempo ilusionado con el trabajo que estoy desempeñando. Creo que el cargo de fiscal general del Estado es el mejor que existe dentro del sistema constitucional español.
-¿Cómo están las relaciones entre la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial tras el último desencuentro?
-En un Estado de derecho que constituye fundamentalmente un equilibrio entre las diversas instituciones, cabe perfectamente que existan perspectivas diferentes entre dos de ellas, como el Consejo Fiscal y el Consejo del Poder Judicial. Lo importante es que se respeten las competencias de cada órgano.
-Parece evidente que la cuestión de fondo, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que necesita el sistema judicial de este país, no se va a aprobar en esta legislatura.
-El problema más importante que sufre la Justicia española es tratar de resolver los problemas del siglo XXI con una ley de la época de las diligencias y de los levitas, como es la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX. El trabajo que ha realizado el Ministerio de Justicia para confeccionar un proyecto de nueva planta, yo confío en que será aprobado porque representa el modelo más avanzado que existe en Europa en este momento. Por tanto, como el ministerio ha rematado su trabajo, confío en que el Gobierno lo apruebe y lo someta a debate de la sociedad y del Parlamento.
cándido conde-pumpido, fiscal general del estado