La Fiscalía y el instructor del caso Gürtel en Madrid esperan al fallo del Tribunal Supremo para decidir si amplían la investigación contra el presidente valenciano
17 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.¿Cohecho impropio o algo más? La Fiscalía Anticorrupción y el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, esperan conocer el fallo completo del Tribunal Supremo que ordena reabrir la causa de los trajes contra Francisco Camps para decidir qué hacen con los tres informes que apuntan a la financiación ilegal del PP valenciano, detectan irregularidades contables de la formación y en la adjudicación de contratos a empresas de la trama de Francisco Correa. Pedreira ya tiene sobre su mesa los nombres de varios aforados de la Comunidad Valenciana y es consciente de que habrá más identidades cuando la Generalitat remita la relación de los altos cargos de 17 departamentos del Gobierno autónomo que contrataron en 85 ocasiones con las empresas de la trama Gürtel.
Aunque el Supremo en su fallo limite la reapertura del caso al asunto de los regalos con los que Álvaro Pérez, el Bigotes, agasajó a Camps y a otros tres ex altos cargos de su Gobierno y del PP de la Comunidad Valenciana, la Fiscalía Anticorrupción tiene la intención de pedir al instructor valenciano, José Flors, que incorpore a la causa los nuevos informes sobre las supuestas irregularidades en esa comunidad. Aunque Flors rechace ahora ampliar la investigación y abra juicio solo por los trajes, «antes o después» Pedreira deberá enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la investigación que implica a aforados, según confirmaron fuentes judiciales.
Las pruebas se acumulan. Durante nueve meses y medio, el instructor del Tribunal Superior de Madrid ha recibido y encargado informes sobre las operaciones de las empresas de Correa en Valencia. No solo a la policía, también a Hacienda y a la Intervención del Estado. En el sumario constan requisitorias al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España y al Consejo General del Notariado, muchas de las cuales aún no han sido resueltas. Pedreira, debido al aforamiento, no ha podido ordenar investigaciones específicas sobre algunas personas bajo sospecha, pero en varios informes aparecen nombres comprometedores.
Al margen de los trajes, en el sumario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hay dos investigaciones paralelas en marcha relacionadas con Valencia: una sobre la supuesta financiación irregular del PP en esa comunidad y otra sobre los contratos adjudicados a firmas de la trama corrupta.
En la primera, la de las cuentas internas del partido, todas las indagaciones parten de un informe policial del 31 de julio y en el que, por primera vez, se hablaba de «financiación irregular» en la formación y de supuestas trampas contables cercanas a los 6,3 millones de euros. Hacienda sostiene que el PP en Valencia escondió 2,5 millones de euros al fisco y que pudo financiarse de manera ilícita a través de «donaciones» no declaradas de empresarios afines.
El apartado de las supuestas adjudicaciones irregulares descansa en la investigación de la Intervención General del Estado, que revela que la Generalitat adjudicó más de 7,2 millones de euros en contratos a la trama entre el 2004 y el 2009.