Denuncia las manifestaciones que producen un «inmerecido efecto deslegitimador»
09 mar 2010 . Actualizado a las 09:33 h.El Consejo General del Poder Judicial exigió ayer el «máximo respeto» a los jueces solo un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero saliera en defensa de Baltasar Garzón, contra el que el Tribunal Supremo ha admitido tres querellas por prevaricación. Su portavoz, Gabriela Bravo, fue aún más lejos al advertirle de que ni sus alabanzas al magistrado «ni las de nadie» van a influir en «la legítima labor jurisdiccional» del Alto Tribunal. La defensa del juez por parte del Gobierno está a punto de provocar una crisis institucional sin precedentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
En una actuación nada habitual, el órgano de gobierno de los jueces no esperó a la reunión semanal de su Comisión Permanente y emitió una declaración institucional para mostrar su enfado, en la que, sin citar a nadie expresamente, daba un toque de atención a Zapatero, a algunos de sus ministros y al presidente del Congreso, que durante el fin de semana han defendido al magistrado, que corre un serio peligro de ser expulsado de la carrera judicial.
El jefe del Gobierno alabó el domingo la «valentía» del juez concretamente en su lucha contra el terrorismo de ETA, que -hizo hincapié- la inmensa mayoría de los españoles, el Gobierno y él mismo nunca olvidarán. Por su parte, José Bono calificó de «disparate» que el juez pueda sentarse en el banquillo por una denuncia de la ultraderecha, mientras el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tildó de «extravagante» que el Supremo haya permitido a Francisco Correa querellarse contra Garzón por las escuchas a los abogados del caso Gürtel.
«Algo falla»
Por su parte, el titular de Fomento, José Blanco, señaló que «algo falla» cuando un presunto delincuente como el cerebro de la trama que está acusado denuncia al acusador. En su comunicado, el CGPJ salió paso de «las informaciones, comentarios y opiniones» que se han vertido en los últimos días sobre determinadas actuaciones que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, en referencia a los casos contra Garzón y al que lleva Eloy Velasco sobre las relaciones del Gobierno de Hugo Chávez y ETA.
El Gobierno de Hugo Chávez lanzó duras descalificaciones contra Velasco, al que el ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, acusó de estar vinculado a la «mafia de Aznar» y actuar en connivencia con el PP. En ambos casos, el CGPJ exigió «el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles, que cuentan y contarán siempre con todo el apoyo y defensa» del CGPJ. En este sentido, y sin citar a nadie -ni al Gobierno español ni al venezolano- Bravo señaló que aunque «respeta y entiende» que los políticos puedan criticar las resoluciones judiciales, las declaraciones que «van más allá del legítimo derecho a la libertad de expresión y constituyen un ataque contra instituciones tan básicas como el poder judicial son intolerables».
«Clima sereno»
Asimismo, el CPGJ reiteró que el ejercicio de la función judicial requiere un «clima sereno», que es «difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador» de su labor, «provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado».
Finalmente, hizo un llamamiento para que los comentarios sobre las actuaciones judiciales, sobre todo si proceden de responsables políticos, se realicen con el «máximo respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, sin influir en los procedimientos judiciales en curso».
Por otro lado, Antonio García, portavoz de la conservadora APM, calificó las declaraciones de Zapatero de «una irresponsabilidad supina y difícilmente superable». Ignacio Espinosa, de la progresista Jueces para la Democracia, señaló que «está en su legítimo derecho a decir, haciendo uso de su libertad de expresión, lo que quiera sobre Garzón».