Nueva vuelta de tuerca del PP en relación con el chivatazo a ETA. Mariano Rajoy retó ayer al Gobierno a que niegue de forma clara que ordenó avisar de su inminente detención a Joseba Elosua, presunto responsable del aparato de recaudación de la banda terrorista, «porque de lo contrario tendremos que pensar que fue verdad». El presidente del PP insistió en que el Ejecutivo socialistas debe «muchas explicaciones a los españoles» en relación a este suceso. También se preguntó qué hubiera pasado en Alemania, Francia o Estados Unidos si se hubiera descubierto que un responsable político «ordenó» avisar a un terrorista. «El Gobierno ha sido incapaz de decirle a la gente que no es cierto, que algunos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, siguiendo naturalmente instrucciones políticas, han dado un chivatazo para que un etarra no fuera detenido», abundó. Rajoy, de momento, reclama esas aclaraciones en el Congreso a los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, y al fiscal general del Estado. El líder opositor reprocha a Cándido Conde-Pumpido que mantenga su petición de «archivo» de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, mientras que se muestra tan «diligente» en mantener las imputaciones «según a quién». Los populares quieren que el titular de Interior «cuente lo que realmente pasó» en el bar Faisán de Irún en mayo del 2006, en plena tregua de ETA, y que el ministro de Justicia desmienta si se ofreció un cambio de destino al juez Fernando Grande Marlaska para que abandonara la instrucción del caso del chivatazo. Caamaño respondió que el Gobierno tiene la «máxima tranquilidad» respecto a esta cuestión. Personación La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer que el PP podrá personarse en la causa del chivatazo, aunque de forma compartida. Los populares estarán representados en la investigación, aunque tendrán que compartir abogado y procurador con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, al entender la Sala que es «evidente» la convergencia de intereses y fines en este asunto penal.