El Gobierno pregunta a Rajoy por qué gastó 10 millones de euros en el sistema Sitel si considera que es ilegal
ESPAÑA
María Teresa Fernández de la Vega preguntó ayer a Mariano Rajoy por qué gastó 10 millones de euros del erario cuando dirigía el Ministerio del Interior en el sistema de escuchas Sitel si consideraba que era ilegal. La vicepresidenta primera hizo ayer una cerrada defensa de este sistema de interceptación y grabación de las comunicaciones y acusó al PP de haberse embarcado en una campaña irresponsable para sembrar «sombras de dudas» y sospechas sobre «todo el sistema judicial» a cuenta de sus ataques contra los pinchazos.
La número dos del Ejecutivo explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el Sitel cumple con todas las garantías jurídicas y se enmarca en la «más estricta legalidad». Tras recordar que el Supremo ha avalado este sistema, señaló que esta herramienta es similar a la que usan las policías de otros países europeos y destacó que el sistema, desde su implantación, ha tenido una «importancia decisiva» en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Fernández de la Vega señaló que el debate generado por la denuncia de los populares «no le hace ningún favor al Estado de derecho, a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales». Añadió que «resulta paradójico que quienes no han dudado en hacer seguimientos a sus propios compañeros [en referencia a la trama de espías de Madrid] pongan en duda la actuación de los que día a día trabajan en perseguir los delitos más graves».?La vicepresidencia subrayó que el partido opositor, que ha guardado silencio cuando se le han pedido pruebas sobre los supuestos pinchazos ilegales, solo busca desviar la atención de sus propios problemas y, en particular, sobre las acusaciones del caso Gürtel. En esa línea, afeó al PP que trate de erigirse en «abogado defensor» de los imputados en la trama corrupta, tratando de que las escuchas de este sumario sean declaradas nulas.
Los populares, ajenos a las críticas, insistieron en los ataques a la utilización del Sitel. La vicesecretaria de Organización, Ana Mato, llegó a afirmar que «cualquier ciudadano hoy está siendo espiado», aunque el Gobierno lo niegue. «Creíamos que el acceso a las comunicaciones era privado, pero hemos descubierto que hay un sistema que, además, da información complementaria sobre la ubicación, los traslados y el acceso a productos de Internet», apuntó la dirigente popular.