El juez de la trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, impuso ayer al ex alcalde popular de Boadilla del Monte Arturo González Panero, el Albondiguilla, una fianza civil de 1,8 millones de euros, la mayor caución fijada hasta el momento a los imputados en la trama de corrupción que dirigía el empresario Francisco Correa.
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que propuso la millonaria fianza como garantía de la posible responsabilidad civil González Panero, al considerar que hay indicios de que las corruptelas del ex regidor durante sus años en el gobierno municipal pudieron provocar daños cuantiosos a las arcas públicas.
Según el tribunal madrileño, la caución, que es recurrible en el plazo de cinco días, tiene como objetivo «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes». Si el ex alcalde no abona la fianza no irá a la cárcel, pero el tribunal pondrá en marcha un proceso para embargar bienes de su propiedad por valor un 30% superior a esos 1,8 millones de euros.
La garantía económica exigida a González Panero es muy superior al millón exigido al ex concejal del PP de Boadilla del Monte José Galeote, padre del eurodiputado popular Gerardo Galeote; a los 955.000 euros reclamados al diputado Benjamín Martín Vasco; y a los 750.000 que el ex consejero Alberto López Viejo deberá pagar para evitar el embargo de sus propiedades. Todas esas cauciones han sido recurridas por los imputados, por lo que no se han hecho efectivas.
El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputó a González Panero los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Pero el magistrado no pudo interrogarlo. El ex regidor apenas estuvo 35 minutos en la sede del tribunal. Tiempo suficiente para comunicar al juez que se acogía a su derecho constitucional de no declarar e informarle de que guardará silencio hasta que se levante el secreto del sumario.
El pasado 4 de marzo, cuando fue llamado a testificar ante el anterior instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, también se negó a declarar. Alegó entonces que solo sería interrogado cuando se decidiera el juez que era competente para investigar la trama corrupta.
González Panero abandonó los juzgados a las 10.40 horas sin apenas abrir la boca. «Hemos declarado lo que teníamos que declarar; hay un secreto del sumario que en muchos casos no se está cumpliendo y, por lo tanto, no seré yo quien lo rompa», apuntó lacónicamente.
Obligado por el PP a dimitir de su cargo el pasado febrero al conocerse su relación con Correa, aunque sigue como concejal del consistorio, González Panero fue acusado por el anterior instructor, Baltasar Garzón, de haber recibido, junto a uno de sus subordinados, Tomás Martín, no menos de 510.000 euros de la red corrupta a cambio de la adjudicación de obras.
Según el juez de la Audiencia Nacional, el Albondiguilla adjudicó a un precio irrisorio (un canon anual de 320.000 euros) 32 locales y 180 plazas de aparcamiento a la empresa Rústicas MBS, una de las firmas inmobiliarias de Francisco Correa. En las grabaciones policiales, el jefe de la trama se jactaba de sus negocios con el entonces alcalde de Boadilla.