El Consejo General del Poder Judicial garantizó ayer que todos los órganos judiciales del país estarán conectados entre sí en los próximos 18 meses gracias a las nuevas tecnologías. La implantación será progresiva en las distintas autonomías y afectará, en un primer paso, a trámites básicos que habitualmente se hacen entre juzgados por un determinado asunto procesal.
País Vasco, Navarra y Canarias serán las primeras comunidades en abandonar el uso del papel y hablar entre sí en tiempo real: ocurrirá antes del 1 de junio. Ya en verano se unirán Cataluña y Andalucía, y el resto lo harán de forma paulatina, hasta cerrarse el círculo a finales del 2010.
La idea es que un juzgado de Pontevedra pueda emitir por vía telemática un exhorto sobre un aviso de pleito a un ciudadano que vive en Almería. Se evitaría así el farragoso trámite actual (fax, papel) que puede demorar el procedimiento unos días, unas semanas o hasta un mes. Una circunstancia que en ocasiones pone en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
La conexión informática no será solo entre los distintos órganos judiciales autonómicos y estatales (juzgados unipersonales, provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo), sino también con otras Administraciones o entidades públicas, caso de la Fiscalía, policía, Agencia Tributaria o Seguridad Social.
Pese a carecer de iniciativa legislativa y capacidad presupuestaria, el órgano de gobierno de los jueces confía plenamente en el Ministerio de Justicia para su puesta en marcha. Y alude de forma concreta al paquete económico que el ministro Francisco Caamaño presentó la semana pasada en el Congreso: 600 millones de euros destinados a la modernización de la Administración procesal. Un plan que prevé destinar 200 millones anuales durante los próximos tres ejercicios para impulsar estas mejoras.
De forma paralela a la interconexión de los juzgados se implantarán sistemas informáticos más precisos que permitan el uso de canales electrónicos como la firma digital, el SMS o los instrumentos de la web para las salas de vistas. El objetivo es garantizar a los ciudadanos el derecho a realizar actos procesales por medios digitales, como se hace ahora en los bancos.
Programa piloto
Sin ir más lejos, en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares todas las competencias ya se pueden realizar a través de una aplicación informática. Se trata de un programa piloto que ha costado 300.000 euros.
Desde el Poder Judicial se celebra «como agua de mayo» el dinero que el Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa para informatizar toda la Administración de Justicia. Para este fin tendrá lugar una reunión de la comisión mixta (Ministerio-Consejo) después de las vacaciones de Semana Santa y, de forma paralela, el gobierno de los jueces contactará con las comunidades autónomas para que contribuyan económicamente al impulso modernizador.