La investigación judicial sobre la implicación de España en los vuelos de la CIA rumbo a Guantánamo, con presuntos terroristas detenidos en condiciones de dudosa legalidad, aterrizó en la Audiencia Nacional hace tres años.
Todo comenzó con la querella criminal presentada tres meses antes por varios abogados y particulares ante un juzgado de instrucción de Palma por los supuestos delitos de torturas y detención ilegal.
Inhibición
Al entender el juez instructor que se trataba de un presunto delito en materia de derechos humanos que podía haberse cometido también en el extranjero, decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Eso sí, contra el criterio de la Fiscalía.
Casi un año más tarde, concretamente el 9 de junio del 2006, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar el presunto delito de torturas, «incluso si se hubiera cometido fuera de España, cualquiera que haya sido la nacionalidad de su autor».
La decisión judicial, casualidad o no, se tomó dos días antes de que el Consejo de Europa hiciese públicas las conclusiones de la investigación que revelaba más datos sobre las escalas de los vuelos de la CIA en España.
La asunción de la competencia por parte del juez Moreno contó, una vez más, con la oposición de la Fiscalía, esta vez la de la Audiencia Nacional.
Mucha documentación
Una de las actuaciones más relevantes que obran en la causa es la declaración prestada en octubre por el ciudadano alemán Khaled El Masri, víctima de una entrega extraordinaria en Macedonia y trasladado a Afganistán en un Boeing 737 que había hecho escala en Palma de Mallorca en enero del 2004.
A partir de ahí, el fiscal Vicente González, encargado del caso, pidió una batería de diligencias recabando información a los organismos competentes sobre vuelos, escalas, planes de vuelo, así como la desclasificación de los documentos del CNI.
Los datos más valiosos los aportó Portugal. El sumario va engordando poco a poco, con mucha documentación y poca investigación.