El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu envió ayer a prisión al líder del llamado Partido del Progreso y autoproclamado presidente del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio, Severo Moto, por un delito de tráfico de armas de guerra.
En su auto, el magistrado acusa también al empresario catalán Javier Roselló Sumoy de financiar el envío al país africano de fusiles, pistolas y munición a cambio de futuros «favores empresariales», que Severo Moto le pagaría «en caso de llegar al poder».
El opositor ecuatoguineano, asilado en España desde 1986, fue detenido el lunes en la localidad toledana de Fuensalida por su vinculación con la intervención, el 5 de marzo pasado en el puerto valenciano de Sagunto, de un fusil de asalto Cetme, un fusil Mauser, una pistola, cargadores y munición de distintos calibres que iban a ser embarcados con destino al país africano.
Además del empresario catalán, en el envío de las armas participó su hombre de confianza, Antonio María Nogués, y el jefe de seguridad de Severo Moto, Damián Motu, Muti , ambos arrestados también a raíz del hallazgo del alijo. Según explica el juez en su auto, Muti se encargó de comprar el material y organizar su traslado a Guinea Ecuatorial. Moto, explica el juez, era «plenamente conocedor de la compra y envío de las armas», y «él mismo coordinaba y daba instrucciones a los demás a fin de realizar dicho tráfico».
Teléfono intervenido
Ante el magistrado Andreu, Moto negó haber participado en los hechos. No obstante, según subraya el juez, el político guineano en su declaración «no pudo dar explicación alguna sobre el sentido de sus numerosas conversaciones con Javier Roselló» intervenidas por los servicios de información, en las que habla «con toda naturalidad» de la compra de las armas y de «la búsqueda de personas que pudieran utilizar las mismas», mientras que el empresario catalán lo hace «en un lenguaje convenido».
Por estos hechos, el Gobierno de Malabo acusó hace unos días a los implicados de promover «una revuelta en el país que podría conllevar pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales».
Precedentes cercanos
No es la primera vez que Moto se ve implicado en hechos parecidos. El Gobierno ya lo despojó en el 2005 de la condición de refugiado político tras considerar probada, a partir de informes del CNI y de la policía, su implicación en acciones «de planificación y organización de actos violentos» en Guinea Ecuatorial, que incluían el reclutamiento de mercenarios y el tráfico de armas.