La Junta de Jueces de Sevilla afirmó ayer que existe el «riesgo cierto» de que se repita un error como el de la libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, por la sobrecarga de trabajo que padecen y por la sustitución de las bajas de forma «tardía y por personal no cualificado».
La Junta de Jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria aprobó por unanimidad un comunicado en el que afirma que, mientras persistan las actuales carencias, «el margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos».
El comunicado fue leído por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, quien declaró que el objeto de la reunión no era apoyar o no al juez de lo penal 1, Rafael Tirado, ya que el Poder Judicial tiene abierta contra él una investigación por la libertad del presunto asesino de Mari Luz Cortés pese a tener una condena de dos años y 9 meses por abusar de su hija.
No obstante, Jiménez Ballester aseguró que con el reparto de funciones en un juzgado «no se puede hacer al juez completo responsable de lo que ocurre», ya que es «humana y físicamente imposible que una sola persona controle los miles de asuntos que de él dependen».
Según el comunicado, si la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no atienden las «seculares peticiones» de aumento de juzgados y plantillas, «estarán asumiendo el riesgo cierto de que se produzcan errores en la tramitación de los procedimientos».
Los jueces criticaron además a los responsables políticos por «criminalizar a otros sin asumir las propias responsabilidades, en precipitados ejercicios de autoexculpación». A la reunión no asistió el juez Tirado Márquez, pero la rueda de prensa fue ofrecida, para «escenificar la unión» del colectivo, por el juez de instrucción Carlos Lledó, la juez de vigilancia penitenciaria Carmen Ruiz Mesa y el juez de lo penal Francisco Guerrero, candidato a juez decano en las elecciones del 18 de abril. El comunicado asegura que los juzgados penales soportan «sobrecarga de asuntos y falta de personal cualificado y de herramientas modernas y eficaces».
Tres investigaciones en marcha
La depuración de responsabilidades por los fallos en los procesos judiciales contra Santiago del Valle alcanza ya a todo el abanico de profesionales implicados. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado abrieron sendas investigaciones para averiguar si alguno de los funcionarios dependientes de sus departamentos y de la Junta de Andalucía cometieron errores que puedan acarrear sanciones disciplinarias. Las pesquisas examinan el trabajo realizado por funcionarios, secretarios judiciales y fiscales en los distintos juzgados, sobre todo de Sevilla, que tramitaron causas contra Del Valle. Ambas investigaciones se suman a la que tiene en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra dos jueces sevillanos.
La comisión de estudio creada por la Fiscalía a raíz del caso Mari Luz se plantea la unificación de los sistemas informáticos usados por los juzgados, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad para que exista una comunicación fluida sobre la situación de los condenados por delitos sexuales. Para ello, la comisión solicitará informes a las Fiscalías de España para conocer los sistemas informáticos que funcionan actualmente y poder realizar un estudio comparativo sobre los niveles de eficacia.