La supuesta trama urbanística de Totana volvió a crecer ayer al registrarse dos nuevas detenciones, con lo que son ya catorce los imputados en un caso que nació a la sombra del proyecto inmobiliario que el abogado vigués Manuel Núñez Arias pretendía llevar a cabo en el municipio murciano.
El ex concejal popular de Agricultura totanés y socio de otro de los detenidos, Juan Francisco Casanova, fue el primero de los arrestados ayer, mientras que el empresario local Diego Carrión corría la misma suerte, aunque unas horas después quedaba en libertad, pero como imputado. La jueza que instruye el caso también decidió liberar con cargos, pese a no haberle tomado declaración, al jefe de la Policía Local de Totana, detenido el jueves junto al actual alcalde, José Martínez Andreo, del PP.
El que sí compareció ante la magistrada que instruye el caso Totana fue el abogado vigués Núñez Arias, que llegaba a primeras horas de la mañana al edificio de los juzgados de la localidad murciana conducido de manera individual, en lugar de hacerlo en el autobús en el que fueron trasladados el resto de los detenidos. Muy sonriente, como ya lo hiciera durante el registro que se llevó a cabo en su casa de A Ramallosa (Nigrán), Manuel Núñez declaró durante varias horas para responder sobre las operaciones de su empresa en la puesta en marcha del complejo residencial y de ocio que pretendía levantar en 2,2 millones de metros cuadrados en la pedanía del Reiguero, en Totana.
Posible fianza para Núñez
Al cierre de esta edición, la jueza, Asunción Navarro, todavía no había decidido la suerte de los seis detenidos el lunes en Galicia, Murcia y Madrid, pero fuentes judiciales barajaban como muy probable la puesta en libertad del letrado vigués, eso sí, imputado por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Las mismas fuentes señalaron que la posible fianza que podría ser impuesta al empresario olívico rondaría los 120.000 euros.
Los otros detenidos el jueves, entre ellos el actual alcalde de Totana, pasarán en principio a disposición de la jueza mañana, día en el que se cumplen las 72 de plazo máximo de detención por parte de la Guardia Civil, cuerpo que está llevando a cabo todo el operativo policial del caso.
Petición al Parlamento
Mientras avanza la instrucción de la operación Tótem , el caso de supuesta trama urbanística está a punto de explotar en el interior del Parlamento de Murcia, al que se ha dirigido ya el Tribunal Superior de Justicia de dicha región para solicitar a la Cámara que aclare cuál es la situación legal de su diputado y ex alcalde de Totana, Juan Morales, al que diversas fuentes consideran el cerebro de la trama que desde el Ayuntamiento habría reclamado fondos a diversos promotores a cambio de aprobar convenios de recalificación en su municipio. El trámite formal del alto tribunal precederá con toda seguridad a la petición de un suplicatorio el próximo lunes o martes para levantar el aforamiento de Morales y poder llamarlo a declarar y, si así se decide, imputarlo o incluso proceder a su detención.
El mismo Tribunal Superior de Murcia ha abierto también actuaciones para determinar si el diputado ha sufrido algún tipo de indefensión en la tramitación de este proceso, en el que ha visto como su ex mujer y su actual pareja eran imputadas por tráfico de influencias, y la segunda de ellas también por blanqueo de dinero, tras serle encontrados en su poder más de 50.000 euros.