La Comunidad de Madrid ha previsto el realojo de los 15 ancianos que quedan en el geriátrico Margarete de Pozuelo, sobre el que pesa una orden de desahucio desde el 2004, por una vieja deuda del asilo, pero no todos podrán ocupar una plaza permanente en una residencia pública como piden las familias. «Se trata de un conflicto entre privados, y nosotros tenemos que acatar la petición del juez de hacernos cargo de los residentes, pero las plazas en las residencias públicas se conceden según los baremos y no todos podrán tener acceso a una permanente», asegura Servicios Sociales. El Ayuntamiento alega que el cierre de la residencia se debe a un mandato judicial y explica que desde que llegó la providencia del Juzgado, el 18 de diciembre del 2006, cuatro empleados sociales han trabajado para localizar e informar a los afectados. Sin embargo, las explicaciones oficiales no convencen a los familiares de los seis residentes que sólo han conseguido una plaza temporal por tres meses y que tendrán que buscar un nuevo destino cuando se cumpla ese plazo. Enrique Arrojo es uno de ellos, porque tiene a su cuñado de 67 años en una silla de ruedas desde hace seis años, el mismo tiempo que lleva en la residencia Margarete, de donde no se quiere marchar sin contar con un lugar definitivo para vivir. «Tengo 77 años y vivo con mi esposa en un tercer piso de Puente de Vallecas sin ascensor, por lo que no puedo hacerme cargo de él, ni estar de un lado a otro con un hombre que no puede moverse», subrayó Arrojo. Las familias no quieren firmar nada que les pueda comprometer a adoptar un desenlace temporal para sus ancianos y enfermos.