En la apertura del año judicial, exigió «cautela, paciencia y prudencia» frente al proceso de paz Delitos urbanísticos y robos elevaron un 3,5% los índices de delincuencia en el 2005
18 sep 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Cuando han transcurrido ya más de tres años sin atentados terroristas mortales, el proceso de paz abierto a raíz de la declaración de alto el fuego permanente formulada por ETA en marzo pasado «exige cautela, paciencia y prudencia». Eso fue lo que reclamó el fiscal general del Estado en el acto de apertura del año judicial presidido por el Rey en la sede del Tribunal Supremo. Conde-Pumpido también dejó muy claro que el final de ETA tendrá que ajustarse a la legalidad vigente. «La legítima esperanza de un final definitivo -dijo textualmente- no afectará afectará a nuestro afán cotidiano en defensa del Estado de derecho, lo que para el Ministerio Fiscal significa sencillamente aplicar la ley, expresión de la voluntad popular». Como cifras que avalan sus palabras se refirió a las 305 condenas por actividades terroristas conseguidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en los años 2004 y 2005, a las que se suman, en los seis primeros meses del presente año, otras 38, además de 53 escritos de acusación contra un total de 125 imputados. Terrorismo islamista El fiscal general se refirió al terrorismo islamista diciendo que «los terribles atentados del 11-M han exigido, sin tiempo para conmoción, un auténtico cambio de mentalidad para afrontar un fenómeno criminal de dimensión planetaria, hasta entonces inédito», que ha dado pie al proceso penal más importante de la historia judicial de este país. Conde-Pumpido aprovechó para echar un capote a los investigadores de estos atentados; calificó de «sobresaliente» el esfuerzo policial, al tiempo que destacó el papel del Ministerio Fiscal a la hora de impulsar la tramitación judicial de la causa, «cuidando especialmente los intereses de las víctimas y el derecho de defensa de los imputados». A la hora de analizar la evolución global de la delincuencia en el último año, señaló que las estadísticas reflejan un incremento del 3,5% en el número de procedimientos incoados por delitos, lo que supone una «leve desviación» de la tendencia a la baja que se venía registrando en los tres últimos años. Este crecimiento responde fundamentalmente al incremento del 2,5% en los delitos contra el patrimonio, que siguen suponiendo la mitad del total anual de delitos y, sobre todo, a la persecución de delitos a los que antes apenas se le prestaba atención: urbanísticos, contra el medio ambiente y de siniestralidad laboral.