Los integristas de la célula de Al Qaida se sentarán en el banquillo a principios de abril Ninguno de los 121 internos mantiene contacto con el resto de la población carcelaria
02 mar 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado en los últimos días intensificar la dispersión y el control de los 121 presos acusados de pertenencia a organizaciones terroristas islámicas. La llegada del primer aniversario de los atentados del 11-M, y el inicio del juicio a la célula española de Al Qaida en Abril, ha puesto en alerta a los responsables de prisiones, que han dado instrucciones para que los funcionarios estén atentos a cualquier movimiento extraño, incluidos los presos comunes, e intercepten todas las comunicaciones de los reclusos integristas con el exterior a la búsqueda de cartas y conversaciones sospechosas. La nueva alerta tiene una justificación: en las cárceles españolas hay todavía una veintena de internos musulmanes condenados por delitos ajenos al terrorismo de gran radicalismo y susceptibles de hacer proselitismo de la yihad en los centros. Así lo revela el estudio sobre la situación de los presos integristas encargado por la directora general de prisiones, Mercedes Gallizo, el pasado octubre, sólo días después de que la policía descubriera que en la prisión salmantina de Topas se había gestado en 2002 el núcleo de la célula que pretendía, como primera acción, volar la Audiencia Nacional con un camión-bomba conducido por tres suicidas. Nueva situación La situación ha cambiado desde entonces. En octubre sólo había 59 internos acusados de pertenecer a grupos integristas en los 66 centros dependientes de la administración central. Instituciones Penitenciarias decidió inmediatamente distribuir a 49 de aquellos internos en 20 centros diferentes. Ahora, en vísperas del 11-M, con la entrada en prisión durante los últimos meses de nuevos implicados de la masacre y de más internos radicales fruto de las redadas ordenadas por Baltasar Garzón, el mapa de los reclusos integristas se ha hecho mucho más amplio: 32 centros penitenciarios, casi la mitad de las cárceles del Ministerio del Interior, albergan presuntos terroristas islámicos, según los informes oficiales. En las últimas semanas, los responsables de Interior, además de intensificar la dispersión, han ordenado a los directores de los diferentes centros que aumenten el «control y observación» para detectar cualquier «liderazgo» dentro de esos colectivos musulmanes de presos encarcelados por delitos comunes a fin de dispersar a las personas que puedan dirigir o coaccionar a sus correligionarios tal y como sucediera en Topas hace tres años. Ninguno de los 121 internos preventivos o condenados por delito de terrorismo islamista mantiene contacto con el resto de los 59.000 presos. Prisiones ha aplicado a todos los integristas acusados de terrorismo el artículo 75 del Reglamento Penitenciario, que faculta a la Administración para establecer «limitaciones regimentales y medidas de protección personal» a los internos. Prisiones, desde hace semanas, también interviene de manera habitual -y siempre con supervisión judicial- las comunicaciones de los encarcelados con el exterior y con otras prisiones (cartas, llamadas y vis a vis ). El objetivo es impedir que los detenidos puedan contactar sin ser detectados con terroristas no identificados o que todavía permanecen huidos de las diferentes operaciones contra la célula del 11-M o el grupo que pretendía volar la Audiencia Nacional.