El Gobierno acude al Tribunal de Conflictos por el caso Liaño y anuncia que recurrirá la sentencia sobre los sueldos de los funcionarios Gobierno y Justicia están en pie de guerra. Mientras el Tribunal Supremo se niega a ejecutar el indulto al juez Javier Gómez de Liaño, el Ejecutivo rechaza la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios. El Gobierno ya anunció la presentación de un conflicto de jurisdicción para defender su competencia sobre la medida de gracia. La sentencia que afecta a los funcionarios será recurrida ante el alto tribunal. Si este falla a favor de la anulación, el Gobierno se vería inmerso otra vez en un enfrentamiento abierto con los jueces y, abocado, quizás, a una nueva intervención del Tribunal de Conflictos.
27 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Los conflictos entre el Gobierno y los tribunales se regulan por una ley orgánica de 1987 y se resuelven por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, al frente del que está el presidente del Supremo. El planteamiento de un conflicto del Gobierno con el Supremo puede tener su apoyo en el artículo 7 de la citada ley, según la cual, «no podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales en los asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso de casación o de revisión, salvo cuando el conflicto nazca o se plantee con motivo de la ejecución de aquéllos o afecte a facultades de la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de ejecución». Anticipándose, con intención, el ponente del auto del Supremo, José Antonio Martín Pallín, menciona el artículo y señala: «Es evidente que el auto que da cumplimiento al real decreto de indulto, no debe ser ejecutado por el Ejecutivo, ni éste tiene facultad que debiera ser ejercitada en el trámite de ejecución». Si el Gobierno formaliza el conflicto, debe dirigir al Supremo un «requerimiento de inhibición» que cita los preceptos de aplicación al caso.