Trabajo y sindicatos pactan el alza del salario mínimo con el no de la CEOE

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, preside la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, preside la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) PEDRO RUIZ / MINISTERIO DE TRABAJO | EUROPAPRESS

Ante el rechazo de la patronal, el Gobierno no aplicará rebajas fiscales a las empresas más afectadas y les impedirá compensar la subida con los pluses

03 feb 2026 . Actualizado a las 13:37 h.

«Hemos negociado sin resuello y lamentamos que no haya sido posible sumar a los empresarios a este acuerdo». Así confirmaba en la tarde de ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el esperado portazo de la patronal a apoyar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este 2026, que será del 3,1 %, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas y exentos de tributación, 37 euros más que el pasado año. La CEOE, que lleva desde el 2020 evitando la unanimidad que con tanta insistencia buscan en el Ministerio de Trabajo, ya había dejado claro horas antes de la reunión, en un durísimo comunicado emitido por la mañana, que no lo aceptarían.

De hecho, CEOE y Cepyme se declararon muy molestos por lo que consideraron «una falta de respeto» del Ejecutivo al diálogo social, ya que la víspera se filtró a los medios de comunicación la propuesta del Ministerio de Hacienda con incentivos fiscales —deducciones de hasta el 100 % en el impuesto de sociedades— para las empresas más afectadas por la subida del salario mínimo. La patronal no fue la única en criticar las formas, ya que los sindicatos, en la intervención de la tarde para valorar el preacuerdo alcanzado con Trabajo, también le afearon al Gobierno la falta de respeto al diálogo social, tachando de haber convertido en un «sainete» la negociación.

En cualquier caso, dado que ni el fondo —los incentivos fiscales propuestos por el departamento de María Jesús Montero— ni, especialmente, las formas obtuvieron de los empresarios más que duras críticas, Trabajo optó por ni siquiera llevar a la mesa de negociación el planteamiento de Hacienda, alternativo a la desindexación que se reclama para las subcontratas. «No hemos puesto la propuesta sobre la mesa porque esta mañana ya ha sido calificada por la patronal como «trilera» e «intervencionista». No estamos para perder el tiempo, así que no la llevamos a la reunión», señaló Pérez Rey.

La traducción práctica es que, como en ocasiones anteriores en las que la patronal ha rechazado sumarse a acuerdos, el Gobierno deja sin efecto las medidas de alivio que —en teoría— les había ofrecido. Es decir, no habrá deducciones en el impuesto de sociedades, unos incentivos fiscales de los que los agentes sociales ni siquiera llegaron a tener constancia de forma oficial, únicamente a través de los medios de comunicación.

Pero el revés para los empresarios no se quedará ahí. Como también indicó el secretario de Estado, igualmente han pactado con los sindicatos modificar las reglas de absorción y compensación para que la subida del SMI vaya íntegramente a los bolsillos de los trabajadores, al impedir que quede diluida en los diferentes pluses salariales que puedan percibir.

Preguntado por la fórmula legal elegida para realizar dicha reforma, dado que su paso por el Congreso podría convertirla en papel mojado al no tener mayoría para aprobarla, Pérez Rey indicó que se hará a través de un Real Decreto, aprovechando la trasposición pendiente de la directiva comunitaria sobre salarios mínimos. Insistió, igual que los sindicatos, en que no tiene rango de ley —en contra de lo que defiende la patronal— y aseveró que Trabajo tiene «fundamentos jurídicos sólidos» para hacerlo por esta vía y no mediante un anteproyecto de ley.

El número dos de Yolanda Díaz defendió la subida del SMI, recordando que se ha incrementado en 6.800 euros desde el 2018, y que la OCDE considera que es una «política de éxito», pues anima la demanda interna. Por contra, CEOE y Cepyme calificaron de «trampa» la subida, asegurando que impedir la compensación con pluses, «saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva», provocará un alza «exponencial» de costes que «asfixiará» a un gran número de empresas.