La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 6 millones en su nueva causa por delito fiscal
ECONOMÍA
La cantante colombiana afronta otro juicio en noviembre por eludir el pago de 14,5 millones entre los años 2012 y 2014
26 sep 2023 . Actualizado a las 20:59 h.Lejos ya de Barcelona tras oficializar en diciembre su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, ha visto cómo sus problemas judiciales se le acumulan aún en España. A menos de dos meses de que sea juzgada por la Audiencia de Barcelona acusada de defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros, una causa por la que la Fiscalía le reclama ocho años de prisión, el Ministerio Público dio este martes los detalles de una nueva querella que instruye un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Según la Fiscalía de Delitos Económicos, la artista nacida en Barranquilla hace 46 años defraudó presuntamente otros 6,6 millones en el ejercicio del 2018, cuando ya residía en España, mediante un «entramado de empresas» que le llevó a «simular» la cesión de sus derechos a 17 compañías instrumentales o pantalla ubicadas en paraísos fiscales. El presunto fraude ascendió a 5,3 millones por IRPF, por el que reclama seis millones teniendo en cuenta lo que ha ingresado voluntariamente y los intereses de demora; y otros 773.600 euros por el impuesto de patrimonio, por el que reclama una deuda de 625.190 euros.
La querella recuerda que en el 2018 Shakira residía en una vivienda en Esplugues junto a Piqué y los dos hijos de ambos, por lo que debía pagar la totalidad de sus impuestos en España, donde tenía su residencia. En la declaración de ese ejercicio, sin embargo, la artista eludió incluir la totalidad de los ingresos que percibió por su actividad laboral.
La querella recoge que la hoy residente en Miami «se sirvió de un entramado societario» y se dedujo gastos «que no procedían», como la omisión del pago de 12,5 millones de dólares con ocasión de la gira El Dorado, que en el 2018 le llevó a dar 53 conciertos en 22 países, sobre todo en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica. Por estos ingresos, según la fiscal, no declaró rendimientos de sociedades, dedujo gastos por duplicado y también gastos personales no justificados.
La fiscal remarca que, al ser residente en España, estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones de IRPF y patrimonio y tributar por toda su renta independientemente de dónde se hubiese producido y cuál fuera la residencia del pagador, y cree que, en cambio, «se sirvió de un entramado societario, derivando las rentas a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad» para evitar pagar impuestos.
Una de estas sociedades, que se usó para recibir ingresos por derechos musicales y pagar gastos de su actividad musical, «careció de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la llevanza y gestión de las propias sociedades y entidades», dice la fiscal.
Las sociedades se constituyeron en Luxemburgo, Holanda, Malta, islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos o Liechtenstein. Aunque la fiscal también revela que creó una sociedad «instrumental» en España que no ejerció ninguna actividad, «por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos contabilizados debieron ser atribuidos en su declaración del impuesto del IRPF».
Por este motivo, concluye que Shakira, «movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía, de manera consciente y voluntaria presentó declaraciones inveraces de IRPF y patrimonio».
Se trata de la segunda causa abierta contra la artista colombiana por presunto fraude fiscal. La primera se centró en ejercicios anteriores y Shakira afronta una petición de ocho años y dos meses de cárcel por no pagar a Hacienda 14,5 millones en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, que ya ha abonado de forma preventiva durante la fase de instrucción. El juicio comenzará el 20 de noviembre después de que la acusada rechazara llegar a un acuerdo y asumir su culpabilidad.