Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses: «Esto va a ser una avalancha de concursos difícil de parar»

Juan Carlos Robles Díaz es el presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor). Conoce como nadie las debilidades del proceso concursal en España, del que solo salen con vida el 4 % de las empresas. Muy crítico con el actual modelo, también se muestra decepcionado con la propuesta de reforma que ha planteado el Gobierno para trasponer la directiva europea sobre insolvencias y reestructuraciones: «O se arregla o la norma no servirá para lo que hace falta».

—En España se tarda en acudir al concurso y, cuando se hace, suele haber liquidación. ¿Cambiará esto con la nueva ley?

—La propuesta tiene una buena base, pero está mal desarrollada. El concurso no ha funcionado. Ha sido un completo desastre. El 96 % de las empresas que acuden acaban en liquidación. Es un proceso muy alambicado, con muchos trámites y todo pasa por el juez. Al no funcionar, los empresarios no lo utilizan. Una empresa en situación de insolvencia lo que necesita es rapidez, eficacia y tomar medidas. La reforma debería ayudar, pero el enfoque es difuso. No se define bien la reestructuración anticipada, ni la figura del experto reestructurador. El mecanismo espacial para microempresas puede dar lugar a picarescas, van solos, sin vigilancia. La segunda oportunidad la saca regular y cuenta con la sobreprotección del crédito público. El reestructurador así no va a poder reestructurar nada. Hemos perdido una oportunidad. O se arregla en tramitación parlamentaria o no servirá para lo que hace falta.

—Se habla de prestar asistencia temprana, cuando hay indicios de insolvencia. ¿Cómo se puede detectar?

—El texto dice que el Ministerio de Hacienda diseñará de aquí a un año un mecanismo para que evalúe los riesgos con los datos de las empresas. Pero esos datos son de registros oficiales no actualizados en tiempo real. Eso no es eficiente. Lo ideal sería que aprovechar cuando una empresa va a pedir una subvención o licitar con el Estado o cuando acude a Fogasa para hacerle un examen de solvencia.

—Como hacer un test de estrés.

—Exactamente. Hemos desarrollado una herramienta gratuita para ello. Hay varios modelos que nos pueden indicar si una empresa será insolvente en uno o dos años estableciendo hitos.

—Será útil ahora que muchas empresas pedirán ayudas de la UE.

—Es una oportunidad extraordinaria porque Europa no quiere que el dinero acabe en empresas zombi, que en España están en el 20 %. No se puede dar una subvención a una empresa para enterrarla, hay que detectar antes los problemas de solvencia.

—¿Cree que la ley ofrece garantías suficientes a los acreedores?

—La reforma no garantiza que se puedan proteger sus derechos. El efecto arrastre en los acuerdos es un buen enfoque, pero la mayor falta de garantía que hay es que en el mecanismo especial para microempresas [procedimiento telemático para negocios de menos de 10 trabajadores] no hay supervisión. Van sin administrador concursal, sin procurador. Puede firmar quien quiera lo que quiera. Se deja espacio a la indiscrecionalidad, las trampas y la picaresca.

—Pero si se certifica el engaño, se penaliza con la liquidación directa. ¿Será un coladero?

Más que un coladero. ¡Si la penalización por falsedad documental ya existía! Es como decir: no despliego policía, pero ¡ojo si te pillo! Lo que hace falta es profesionalizar las fases previas al concurso. Profesionalizar el mecanismo de reestructuración y la figura del reestructurador para ayudar a negociar con los bancos, a soltar lastre y ver qué activos de valor tiene la empresa. Y en España lo que hacemos es un mecanismo exento de control.

—¿Cree que la ley ayudará a desatascar los juzgados en el 2022?

—Yo creo que va a relanzar los procesos concursales. Ya están subiendo, un 66 % con respecto a hace un año [...] Esto va a ser una avalancha de concursos difícil de parar. En España tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media europea. El enfoque de la reestructuración es correcto, para no dejar todo en la mesa del juez, pero tengo la certeza de que en más del 90 % de los casos se va a necesitar la presencia de un experto reestructurador cuya figura no está clara.

—Las deudas con las Administraciones Públicas no se perdonarán. ¿Puede ser un obstáculo para la segunda oportunidad?

-Con esta reforma se mantiene la mayor desigualdad para los acreedores: la excesiva protección del crédito público, que no es común en el entorno europeo. El gran problema suelen ser las deudas con Hacienda, la Seguridad Social... Tienen un peso elevado y siguen gozando de una protección injustificada. ¿Por qué tienen que valer más los 0,01 euros que le debe un empresario a cada contribuyente que los 100.000 euros que le debe a un señor? A muchas empresas se les complicará llegar a un acuerdo con los acreedores.

«Si la liquidación es segura, quizá interese esperar al 2022 para salvar el patrimonio»

—Pensemos en una persona que regenta un pequeño negocio y está al borde de la insolvencia. ¿Le recomendaría pedir el concurso o esperar a la nueva ley para exonerar deudas?

—Dependerá mucho de la situación particular de cada uno. Habrá quien tenga una empresa que pueda remontar. Si es una cafetería en medio de una plaza central, en cuanto llegue más turismo y se aligeren las restricciones quizá pueda hacerlo. O el empresario quizá no pueda más. Si voy a la liquidación, si es segura, quizá intereses esperar al 2022 para salvar el patrimonio. La nueva regulación es más protectora. Si lo que voy a intentar es salvar la empresa, puedo utilizar el prepack o hago un plan de liquidación porque si espero a enero podré salvar patrimonio personal, pero la empresa va a valer menos porque los activos se irán deteriorando.

—Las quitas exigen al deudor aceptar un plan de pagos a tres años en lugar de cinco. ¿Es tiempo suficiente?

—Es una medida para anticipar la exoneración definitiva, para que llegue antes la segunda oportunidad. En cinco años, a una persona le han limpiado todo, ya no tiene empresas. Lo raro es que tenga algo para repartir tras cinco años.

—¿Hace falta un cambio en la cultura empresarial del país para dejar de estigmatizar el concurso?

—La visión del fracaso es una visión muy latina. Hay ese componente de obsesión por el estigma, pero también el convencimiento de que el mecanismo no funciona. En España fracasan la mayoría de los concursos, por tanto la opción del empresario es no acudir porque eso es para cerrar la empresa. Es razonable que para él sea la última opción. Si el procedimiento hubiera sido más eficiente, hubiera habido menos estigma, no lo verían como una obligación sino como una oportunidad.

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