La misma sintonía mostrada sobre el calendario se espera que se repita en lo que respecta a las condiciones de los ERTE, según señalaron fuentes próximas a la negociación. Y es que, aunque el Gobierno no les ha trasladado aún a los agentes sociales una propuesta concreta, sí les ha informado de que su pretensión es mantener «condiciones similares» a las actuales en la nueva extensión.
De hecho, Yolanda Díaz aseguraba recientemente que «lo que funciona no hay que cambiarlo», en referencia precisamente a la prolongación de los ERTE.
Cambios en las bonificaciones
Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sí defendió introducir ajustes en las bonificaciones a la Seguridad Social —aún no concretados— con el objetivo de primar a las empresas que reincorporen trabajadores.
Este mecanismo de protección del empleo llegó a dar cobertura a casi tres millones y medio de trabajadores en el peor momento de la pandemia. Los últimos datos, a cierre de abril, mostraban que, pese al paulatino relajamiento de las restricciones a la actividad, todavía se mantienen en ERTE casi 640.000 personas.
El Gobierno enviará estos días a patronal y sindicatos la propuesta concreta para ajustar las nuevas condiciones del mecanismo a la evolución de la situación económica, y la próxima semana tendrán un nuevo encuentro para debatirla.
La salvaguarda del empleo
Además de los cambios en las bonificaciones de las cuotas sociales a las empresas, que tanto el ministro Escrivá como la titular de Economía, Nadia Calviño, defienden que primen a los trabajadores que se reincorporen a la actividad y no —como hasta ahora— a quienes continúen con el empleo suspendido, el otro gran punto de fricción entre el Ejecutivo y los agentes sociales volverá a ser la cláusula de salvaguarda del empleo.
Cabe recordar que suprimirla o, en su defecto, flexibilizar la exigencia de mantener el empleo durante los seis meses siguientes a la conclusión del ERTE (el contador se pone a cero con cada nueva prórroga) ha sido el caballo de batalla de la patronal en cada negociación. Sin embargo, su pretensión vuelve a encontrarse con la negativa de la ministra de Trabajo.
El Defensor del Pueblo pide simplificar la gestión de los ERTE
En su informe anual se hace eco de las numerosas quejas recibidas
l. p.
Pese a que en la anterior prórroga ya se simplificaron bastante los trámites para acogerse a un ERTE, parece que aún no lo suficiente. El Defensor del Pueblo ha pedido a la Secretaría de Estado de Empleo y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) simplificar «todo lo posible» la gestión de las prestaciones y ayudas ofrecidas ante las elevadas quejas recibidas, particularmente en lo referido a la protección extraordinaria de ERTE.
En su informe anual correspondiente al año 2020 esta institución alerta de las numerosas quejas por problemas para contactar con el SEPE vía telefónica o a través de su página web y por «la tardanza excesiva» en asignar fecha en casos de solicitud de cita previa virtual.
También por la gestión de los ERTE, sobre todo por las dificultades para acceder telemáticamente a la tramitación de la solicitud, por el retraso en el reconocimiento y abono de prestaciones y por errores en la cuantía o en la indebida extinción de la prestación.
Recuerda que se abrieron actuaciones ante la secretaría de Estado de Empleo, formulando recomendaciones para la mejora de la gestión de los ERTE y de la comunicación con el SEPE. «La respuesta fue positiva», señala, pese a admitir la «enorme dificultad para materializar en la práctica esas mejoras mientras perdure la enorme carga de trabajo y la inevitable insuficiencia a corto plazo de los medios humanos y técnicos disponibles por el SEPE».
