Díaz anuncia un gasto histórico de 3.500 millones en políticas activas de empleo, cuyo reparto autonómico dependerá del cumplimiento de objetivos
16 abr 2021 . Actualizado a las 18:34 h.Aunque admitió que los cambios en las políticas activas de empleo (PAE) suenan a «eterno retorno», habida cuenta de que no ha habido Gobierno que no las haya anunciado, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó este viernes un nuevo rediseño del mecanismo, que contará con una inversión récord de más de 3.500 millones de euros, de los que 2.110 (800 para la empleabilidad de los jóvenes) se repartirán entre las comunidades autónomas en la próxima conferencia sectorial, que tendrá lugar el día 28 de abril. Una de las novedades es que parte de esa cuantía (alrededor del 45 %) estará sujeta a la consecución de objetivos, ya que la reorientación de estas políticas pasa, además de por impulsar el empleo, por evaluar periódicamente -cada seis meses- su eficacia para conseguirlo.
En la misma rueda de prensa, Díaz aseguró también que próximamente se convocará la mesa tripartita para abordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo, en condiciones similares a los actuales. Argumentó que «si algo funciona, no tiene sentido cambiarlo», lo que parece chocar con el planteamiento del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien hace menos de un mes defendió modificar los incentivos para primar la reincorporación de los trabajadores.
En lo que ambos ministros están de acuerdo es en la necesidad de aprovechar el tiempo que los trabajadores están en ERTE para facilitarles el acceso a la formación y a la recualificación. De hecho, en un reciente informe el Banco de España reclamaba vincular este mecanismo de protección del empleo a la formación, advirtiendo que según la EPA solo un 11 % de los trabajadores en ERTE habían realizado algún tipo de actividad formativa, «un porcentaje que se sitúa algo por debajo del observado entre el colectivo sin empleo (14 %)».
La ministra, sin embargo, sostuvo que más de un millón de los 3,4 millones que habían estado en ERTE había recibido algún tipo de formación. En cualquier caso, descartó que se fuera a condicionar el cobro de la prestación a realizarla, pero confirmó que los trabajadores en ERTE «tendrán carácter prioritario en las acciones formativas». «Pero no será un criterio de exclusión», insistió.
Así, los afectados por ajustes de empleo serán uno de los colectivos que, junto con jóvenes y mujeres, estarán bajo el foco de las nuevas políticas activas. Díaz explicó que así se lo trasladarán a las comunidades en la conferencia sectorial. La ministra también actualizó las cifras de afectados por ERTE, que situó en 686.000 trabajadores, un 7,75 % menos que en marzo: «Hemos dado pasos humildes y modestos, pero vamos reincorporando y resituando a trabajadores».
Dinero sujeto a resultados
Acompañada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, Díaz desgranó las líneas generales de las nuevas políticas activas. Entre ellas está, por ejemplo, que parte de los fondos para las comunidades estarán condicionados a objetivos. Aunque declinó desvelar cuáles serán los condicionantes antes de transmitírselos a las autonomías, sí apuntó que «irán en línea de vincular el dinero a los resultados: habrá bonus positivos y negativos. Así que cambia radicalmente el modelo».
Pidió la implicación de las comunidades, afirmando que esta nueva política se basará en la transparencia y en la rendición de cuentas, y es «una oportunidad única para cambiar el rostro de esta pieza fundamental para el empleo en el país».
El rediseño, además de centrarse en la formación activa y no solo vinculada al desempleo, incluye la modernización del SEPE, para crear un «auténtico portal público de empleo, una plataforma integrada común, y que los servicios puedan llegar a los dispositivos móviles, no solo como orientación, sino con todos los recursos online que se puedan distribuir desde el SEPE».