El organismo ha perdido 3.400 trabajadores en la última década
22 mar 2021 . Actualizado a las 15:54 h.El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones de desempleo y ERTE de cada vez más personas, está en horas bajas y condenado al colapso.
Nunca había estado tan cuestionado como este año, cuando el número de expedientes que ha a tenido que gestionar se ha multiplicado por más de cinco debido a la pandemia. Pese al esfuerzo de sus trabajadores, el cobro para muchos de los afectados se ha retrasado durante meses, al tiempo que se sucedían los errores con los pagos. Para colmo, la actividad en el organismo público se paralizó el 9 de marzo durante casi una semana por un ciberataque que bloqueó sus sistemas informáticos y que todavía le impide funcionar con normalidad.
A esto hay que añadir una huelga que ha convocado la Unión Sindical Obrera (USO) los dos últimos días del mes, lo que agravará la situación.
Pero de nada se puede culpar a unas plantillas que están mermadas, envejecidas y sobrecargadas de trabajo. De hecho, el comportamiento de los funcionarios del SEPE fue ejemplar en plena pandemia, cuando durante semanas trabajaron sin descanso, sábados, domingos y festivos incluidos, para tratar de sacar todas las prestaciones adelante, más de ocho millones solo en el 2020.
Milagros no pueden hacerse con la plantilla que tiene. En la actualidad cuenta con 8.400 trabajadores para gestionar cada mes más de 2,3 millones de prestaciones y pagar a los 800.000 ocupados que aún están en ERTE. Se trata de «una cifra totalmente insuficiente para atender a la ciudadanía», denuncia Manuel Galdeano, coordinador nacional de CSIF en el SEPE, que advierte de que desde el inicio de la pandemia la situación «es tremendamente compleja. Los funcionarios deben abordar unas cargas de trabajo imposibles de asumir, dada la alarmante carencia de recursos humanos».
Incluso el propio Defensor del Pueblo denunció el pasado verano que «la dotación de personal del SEPE resulta notablemente insuficiente».
Sangría de jubilaciones
Pero no solo eso, sino que la tasa de temporalidad alcanza el 33 %, lo que supone que uno de cada tres empleos son eventuales. Además, hay 1.500 puestos vacantes y a finales de junio terminan los contratos de 2.135 interinos nombrados para asumir la carga adicional de trabajo en esta pandemia.
CSIF reclama al Gobierno la aprobación de una oferta pública de empleo, que se implante la jornada de tarde y un decidido apoyo a la inversión tecnológica.
En la última década se han perdido 3.400 puestos que no se han repuesto y la sangría de bajas continuará puesto que la edad media de su plantilla es de 57 años.