La Justicia obliga a la empresa a dar de alta a los trabajadores y abonar la cuotas pendientes con la Seguridad Social
12 ene 2021 . Actualizado a las 19:00 h.Se acabaron los debates: los repartidores de Deliveroo son falsos autónomos. Así lo ha dictaminado el juzgado de lo social número 24 de Barcelona tras pasar revista a las pruebas recabadas por la Inspección de Trabajo en el 2018, una investigación propiciada por la denuncia de RidersxDerechos que culminó con el reclamo a la empresa de 1,3 millones de euros por las cotizaciones sociales no abonadas.
La Justicia cierra con este revés la polémica abierta en torno a la laboralidad de los repartidores de compañías como la propia Deliveroo o Glovo, que emplean a unos 748 trabajadores, y allana el camino al Gobierno para sacar adelante la bautizada como «Ley rider» que afecta a los empleados de muchas más empresas tecnológicas que se amparan en la economía de servicios digitales para no tener que hacer frente a las obligaciones laborales que sí asumen las empresas tradicionales.
En su escrito, el juez se aferra a una sentencia previa del Tribunal Supremo en la que ya se menciona el fraude y añade además que la autonomía de los repartidores es mínima. No solo deben estar disponibles cuando la empresa los demanda sino que pueden sufrir castigos disciplinarios si no aceptan. ¿De qué forma? Se les reducen los pedidos de entrega o directamente dejan de hacerles encargos, cortando cualquier fuente de ingreso. «La libertad del repartidor para no estar disponible no es tan amplia como se quiere aparentar, pues en caso de rechazar los pedidos no se le garantizarán pedidos mínimos e, incluso, se puede prescindir de sus servicios», señala la sentencia. El tribunal también apunta que los medios puestos a disposición del repartidor, como la moto o bicicleta y el teléfono móvil «son muy poco significativos en comparación con la importante organización estructural necesaria para la actividad», como son la aplicación móvil y los acuerdos comerciales suscritos por Deliveroo, según recoge Efe.
Y, ¿ahora qué? El fallo obligará a la plataforma a dar de alta en la Seguridad Social todos sus repartidores y a abonar las cuotas de todos ellos desde que entraron a prestar sus servicios.